BUENOS AIRES, Argentina (AP) — En mayo de 2015, el atroz asesinato de una adolescente embarazada de 14 años llamada Chiara Páez a manos de su novio de 16 desencadenó protestas multitudinarias en Argentina que evolucionaron hasta convertirse en un movimiento definitorio para toda una generación en América Latina bajo el lema de “Ni una menos”.

Ahora, 11 años después de que la primera protesta del movimiento creara una conciencia colectiva sobre lo que llegaría a conocerse como femicidio —el asesinato de mujeres y niñas por razón de su género—, el país vuelve a convulsionarse de ira.

Esta vez, el motivo es el asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad central de Córdoba. Llegó a la casa de un amigo de la familia la noche del 23 de mayo, esperando recoger un regalo para su madre. En cambio, fue agredida sexualmente y ahorcada, según indican los resultados iniciales de la autopsia, y su cuerpo fue desmembrado con un cuchillo de cocina.

Sus restos fueron hallados el sábado en una zanja de desagüe, una semana después de su desaparición, mientras las vigilias en su provincia de origen derivaban en enfrentamientos con la policía.

La indignación ha resonado en todo el país de cara a la protesta anual de Ni una menos que se realiza el miércoles en el centro de Buenos Aires, amplificando las exigencias de acción gubernamental e intensificando las críticas al presidente Javier Milei.

El aliado libertario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al movimiento feminista como “una pelea ridícula y antinatural”, ha promovido eliminar el femicidio del código penal y ha recortado fondos a programas de apoyo a víctimas de violencia de género como parte de su guerra cultural y su campaña de reducción de gastos.

Este año, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, un destacado grupo argentino de derechos humanos, han contabilizado 63 femicidios registrados legalmente. Pero ellos y otros defensores sostienen que lograr esa clasificación puede ser una batalla cuesta arriba frente al gobierno. Algunos han elaborado una lista de más de 100 nombres de mujeres asesinadas este año, argumentando que muchas no están correctamente catalogadas.

Las denuncias de femicidio en Argentina cayeron un 12% en comparación con 2024, alcanzando 200 casos el año pasado, según estadísticas publicadas por la Corte Suprema. Abogados de las víctimas afirman que el cambio no refleja una disminución de la violencia por motivos de género, sino un fracaso a la hora de clasificar adecuadamente los delitos.

“Dejar de nombrar a los femicidios, descreer que existe la violencia de género, impedir que la justicia trabaje con perspectiva de género, es tratar de retroceder 20 años”, manifestó Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, un grupo defensor de derechos humanos con sede en Buenos Aires. “Yo espero que la reacción que generó el caso de Agostina, lo que mostremos en las calles, la potencia de nuestras organizaciones y nuestros argumentos, sean suficientes para contrarrestar ese interés de retroceder”.

Tras la muerte de Agostina, los manifestantes dirigieron su ira contra las fuerzas de seguridad locales y quemaron neumáticos en las calles de Córdoba. Su familia presentó una denuncia por desaparición la mañana siguiente a su ausencia, pero pasaron más de 80 horas antes de que los teléfonos de toda la provincia vibraran con una alerta de secuestro infantil, según el abogado de la familia, Gustavo Vaca.

Al día siguiente de su muerte, un taxista informó que había llevado a la menor a la casa del amigo de la familia, Claudio Barrelier, de 33 años, algo que confirmó el registro de cámaras de seguridad.

La familia de Agostina se ha quejado de que las fuerzas de seguridad estaban absorbidas por la preocupación ante posibles hechos de violencia de hinchas durante un importante partido de fútbol que se jugaría ese día en la ciudad de Córdoba. Tres días después, la policía allanó la casa de Barrelier, exnovio de la madre de Agostina.

Barrelier está detenido como principal sospechoso del caso y niega haber matado a la menor. Los investigadores señalan que su historial delictivo muestra que había sido arrestado por secuestrar a una joven hace un año, pero fue liberado bajo fianza de 3.500 dólares después de 20 días.

La semana pasada, ante una lluvia de acusaciones por demoras, se le preguntó al fiscal principal Raúl Garzón si en su oficina “hacen alguna autocrítica”. El jurista respondió: “absolutamente ninguna”.

Los llamados a caracterizar el asesinato de Agostina como un femicidio han ido en aumento. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ha negado a hacerlo.

“Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una hora, durante dos horas, durante tres horas, donde sucede el hecho como tal”, declaró Monteoliva a los periodistas el lunes, en sus únicos comentarios públicos sobre el caso.

Los defensores insisten en que usar el término femicidio —que conlleva penas más severas que otras formas de homicidio, con una condena obligatoria de prisión perpetua en Argentina— es crucial para una persecución penal eficaz y para la protección de las víctimas.

“Si no nombramos esta modalidad específica de violencia, si no la reconocemos, no podemos comprender el problema en toda su dimensión y no podemos desarrollar políticas públicas para prevenirlo y combatirlo”, expresó Lucila Galkin, directora del programa de género y diversidad para el capítulo argentino de Amnistía Internacional.

El presidente argentino ha librado una guerra cultural contra las políticas vinculadas al género, a las que considera una consecuencia peligrosa del socialismo.

Después de que el mandatario arremetiera contra el delito de femicidio en la cumbre de Davos el año pasado, al afirmar que, en la práctica, legaliza “que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, su ministro de Justicia anunció planes para eliminar esa categoría del código legal.

Eso no prosperó, pero su gobierno ahora trabaja para endurecer las penas para las mujeres que denuncien falsamente casos de violencia de género. La iniciativa está a la espera de debate en el Congreso.

En los últimos dos años y medio, Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres de Argentina, cerró su instituto contra la discriminación, recortó drásticamente los programas de apoyo a víctimas de violencia de género, prohibió el uso de lenguaje inclusivo de género en documentos oficiales y retiró fondos a la capacitación en cuestiones de género para estudiantes de escuelas públicas y empleados estatales.

Entre los programas afectados está Acompañar, que asistió a 350.000 mujeres con una ayuda equivalente a seis meses de salario mínimo antes de que se le retiraran los fondos. Una línea telefónica de atención las 24 horas para ayudar a víctimas perdió dos tercios de su presupuesto y la mitad de su personal el año pasado. También fue desmantelado un programa patrocinado por el gobierno que brindaba asistencia legal gratuita a personas que sufrían violencia doméstica o abuso sexual.

El miércoles, los manifestantes se preparaban para reunirse en la Plaza del Congreso frente a la sede del Congreso Nacional, como lo han hecho cada año desde la muerte de Chiara Páez en 2015.

La familia de Agostina dice que se sumará ese día a una protesta en Córdoba para exigir justicia por su asesinato bajo la bandera del movimiento que alguna vez convirtió a Argentina en un faro regional de acción social y legal en materia de igualdad de género.

“Creo que este femicidio, que generó tanto dolor, tanta consternación y que tanto nos movilizó a todos, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de entender que esto es un problema que nos habla a todos nosotros como sociedad”, comentó Galkin sobre el caso de Agostina.

“Nos están llevando a tener conversaciones que creíamos que ya estaban saldadas, temas que pensábamos que ya habían sido resueltos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.