Tras una disputa legal que se extendió durante más de diez años, la Justicia porteña dictó una sentencia que obliga a los conductores que operan mediante plataformas digitales, como Uber, Cabify y DiDi, a ajustar sus condiciones de servicio a las normas que rigen para taxis y remises en la Ciudad de Buenos Aires. La resolución, emitida por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, establece que, independientemente de la falta de una ley específica para el sector, el transporte de pasajeros es una actividad que debe cumplir con requisitos básicos de seguridad y habilitación.

El fallo, derivado del expediente Nº 3065/2016, pone fin a un largo enfrentamiento entre los representantes del sistema de transporte tradicional y las empresas tecnológicas. Durante el juicio, los taxistas argumentaron que las aplicaciones operaban en un marco de ilegalidad que perjudicaba sus intereses económicos y vulneraba los protocolos de seguridad exigidos por el Estado. Por su parte, los defensores de las plataformas sostuvieron que la ausencia de una regulación específica generaba un vacío jurídico que les permitía funcionar fuera de las restricciones impuestas a los vehículos con licencia municipal. Ante esto, los jueces concluyeron que la omisión estatal en la fiscalización fue el factor determinante para sostener esta desigualdad.

La Cámara de Apelaciones fue enfática al señalar la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según los magistrados, la administración local toleró, e incluso propició, la coexistencia de dos sistemas bajo tratamientos normativos dispares durante una década. En respuesta, la sentencia impone al Ejecutivo porteño la obligación de fiscalizar la actividad, perseguir el cobro de tributos y realizar campañas informativas sobre los riesgos asociados al servicio. Asimismo, se prohibió al Gobierno exigir cargos adicionales a los taxistas por trámites regulares, buscando restablecer el equilibrio en el sector mientras no se apruebe una ley integral.

El fallo detalla que las exigencias mínimas para los conductores de aplicaciones deben incluir, obligatoriamente, la obtención de licencia profesional y la contratación de seguros específicos destinados al traslado de pasajeros. Pese a estas directivas, el tribunal aclaró que el Poder Judicial no tiene la potestad de crear el marco regulatorio definitivo, labor que recae exclusivamente en la Legislatura. En este sentido, la resolución se presenta como una medida provisional diseñada para corregir una situación considerada injusta mientras las autoridades políticas definen una normativa unificada.

La reacción de las empresas no se hizo esperar. Fuentes de Cabify informaron a LA NACION que se encuentran analizando los alcances de la resolución interna, sin emitir una postura definitiva. Desde Uber, en cambio, destacaron que la empresa no formó parte del proceso judicial. “El fallo se refiere a un litigio de larga data entre actores privados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no modifica la forma en que opera nuestra plataforma”, señalaron. Por su parte, desde DiDi indicaron que continúan evaluando el documento.

Esta resolución judicial irrumpe en un momento de efervescencia política. A fines de 2025, ingresó a la Legislatura un proyecto integral que busca modernizar el Código de Tránsito y Transporte. Esta iniciativa propone, entre otros puntos, que todas las aplicaciones tengan sedes locales, tributen por los viajes iniciados en la ciudad y se sometan a estrictos controles de datos, equiparando las condiciones de competitividad para todo el sistema de movilidad urbana porteño.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA