En el juicio oral por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, que comenzó hace una semana, se han revelado dos grandes muestras de ineptitud. Una es la protagonizada por los "copitos", una banda de lúmpenes dedicada a la venta de algodón de azúcar, y la otra por los responsables de investigar el crimen. Las torpezas en la investigación, que van desde la desaparición de pruebas hasta la intervención tardía de la policía, han generado sospechas de conspiración.

El juicio ha expuesto rarezas y errores que se remontan al ataque mismo. El 22 de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años para Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. Desde ese momento, la esquina de Juncal y Uruguay, donde ella vivía, se convirtió en un punto de encuentro para sus simpatizantes. En ese contexto, el 28 de agosto, José Manuel Ubeira, quien luego sería abogado de la víctima, predijo que "esto termina mal", insinuando preocupaciones por la seguridad de Kirchner. Esa premonición resultó inquietante, especialmente después de que la vicepresidenta denunciara vigilancia clandestina y solicitara la retirada de cámaras de su edificio.

El 1 de septiembre, minutos antes de las 21, Cristina Kirchner llegó a su casa, donde la esperaban muchos militantes. A pesar de la presencia de su custodia policial, la protección quedó en manos de dirigentes de La Cámpora. En ese momento, Fernando Sabag Montiel intentó dispararle con una pistola Bersa calibre 32, pero falló. Inexplicablemente, la custodia no reaccionó adecuadamente, permitiendo que Kirchner siguiera expuesta y firmando libros antes de ser llevada al edificio. Sabag fue detenido por miembros de La Cámpora, quienes también aseguraron la pistola.

Las irregularidades continuaron con la manipulación del teléfono de Sabag, un Samsung, que llegó a los tribunales al día siguiente del ataque. Durante su manipulación, el teléfono fue bloqueado y finalmente reseteado, destruyendo cualquier dato que pudiera contener. Estas fallas fueron reveladas por una pericia de Gendarmería ordenada por el juzgado, a la que la querella representada por Ubeira se opuso, generando aún más dudas.

La falta de profesionalismo en la investigación también se reflejó en las detenciones de los acusados. Sabag fue detenido por La Cámpora, mientras que Gabriel Carrizo, jefe de la banda de los "copitos", fue arrestado cuando fue al juzgado a pedir su teléfono. Brenda Uliarte, novia y cómplice de Sabag, fue capturada después de varios intentos fallidos de la policía para localizarla.

La incompetencia en la investigación ha alimentado teorías conspirativas. Detalles como el costo de los abogados de los acusados y las conexiones políticas han generado sospechas. Por ejemplo, Gerardo Milman, diputado del Pro y cercano a Patricia Bullrich, fue acusado de conocer el atentado antes de que ocurriera, una acusación que él y sus asesoras han negado.

El caso está plagado de omisiones y errores que han llevado a preguntas sobre un posible encubrimiento. La propia Cristina Kirchner ha señalado la responsabilidad del Pro y en particular de Bullrich. La investigación sobre Milman y sus asesoras ha sido complicada por la eliminación de pruebas en sus teléfonos, y la implicación de figuras cercanas al gobierno anterior ha añadido más capas de complejidad a un caso ya de por sí enrevesado.

La mezcla de incompetencia y posibles conspiraciones ha dejado a muchos preguntándose si alguna vez se llegará a la verdad sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Las temibles insinuaciones y teorías seguirán circulando mientras no se esclarezcan todas las dudas.