El Congreso de Bolivia debate este jueves 4 de junio sobre la implementación de un reglamento para un estado de excepción en el país, en medio de la crisis causada por casi un mes de bloqueos de carreteras por parte de manifestantes que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En este contexto, con al menos diez muertos y problemas de abastecimiento en varias regiones del país, el Gobierno boliviano eliminó la semana pasada las restricciones legales que limitaban la intervención militar en cuestiones de seguridad interna, más precisamente para responder a protestas y disturbios.

Ahora, el Ejecutivo impulsa un proyecto para que, en el caso de necesitar la declaración de un estado de excepción, exista una regulación basada, según señaló, en criterios "humanitarios" y guiada por los principios de proporcionalidad en la respuesta de las fuerzas de seguridad.

El texto gubernamental es el que la Cámara de Senadores tratará con prioridad, más allá de que fueron presentadas cuatro alternativas. No obstante, la Administración de Paz retiró esta mañana el texto presentado inicialmente y lo reemplazó por uno nuevo, que fue enviado a comisión para ser analizado por los legisladores, según informan medios locales.

El miércoles 3 de junio, Rodrigo Paz indicó que el proyecto busca facilitar la "acción humanitaria" y fijar un marco legal bajo el cual las Fuerzas Armadas y la Policía puedan intervenir en situaciones de conmoción interna para garantizar, sobre todo, la distribución de alimentos, combustibles, medicamentos y pacientes.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, indicó que la iniciativa se ampara en el marco constitucional y sostuvo que "no son medidas de excepción como las que se tuvo en periodos de dictadura o incluso en periodos democráticos, donde el objetivo era sancionar a la población, era encarcelar".

"Aquí el objetivo principal es dar un alivio humanitario", aseguró, en medio de una crisis que, según el presidente Paz, afecta con mayor gravedad a las ciudades de La Paz y El Alto.

El propósito inicial de los senadores, según recoge el diario El Deber, era dar su aprobación al proyecto este mismo jueves para permitir que la Cámada de Diputados la debata y la apruebe el viernes. Resta saber si la modificación del texto enviado por el Gobierno provoca alguna dilación en el tratamiento legislativo.

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Más allá de estar preparando el terreno para un eventual estado de excepción, Paz reiteró el miércoles su convocatoria al diálogo con las organizaciones sociales que están liderando los bloqueos. Y su portavoz destacó la apertura expresada desde la principal entidad detrás de las protestas, la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, aunque no está claro si mantendrán un encuentro con el presidente.

En esta posición dialoguista, el mandatario mostró un acercamiento con su vicepresidente Edman Lara, con quien se reunió tras haberse distanciado prácticamente desde el inicio del mandato de ambos.

Tras el encuentro, Lara sostuvo que el presidente aseguró "que va a agotar todas las instancias" de diálogo "antes de ir a un estado de excepción". También señaló que el Gobierno envió una respuesta a las demandas de la Tupac Katari –que pide, entre otras cosas, la liberación de manifestantes encarcelados–, aunque no trascendieron sus términos.

"Estamos firmes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en la defensa de la Constitución y la democracia. Vamos a seguir haciendo el puente para que los sectores se sienten a dialogar y que el diálogo sea la forma en que se resuelva este conflicto y se pacifique el país", agregó Lara.

En esa misma línea, el senador Pedro Sánchez señaló a 'El Deber' que el tratamiento de la ley de estado de excepción en el Congreso no busca acelerar su implementación, sino que es una "medida de prevención" mientras se prioriza una salida pacífica a la crisis.

Sin embargo, sectores políticos, empresariales y hasta organizaciones sociales que no apoyan los bloqueos han incrementado la presión sobre Paz, instándole a declarar un estado de excepción, sobre todo en la zona andina, considerando que ya se agotó el espacio para el diálogo y se debe garantizar el acceso de la población a insumos fundamentales.

Mientras tanto, este jueves 4 de junio, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra un total de 84 bloqueos, encabezados por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Cochabamba (25) y La Paz (20) son las que presentan mayor cantidad de piquetes en esta jornada.

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En La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los mercados callejeros, habitualmente abarrotados, están hoy reducidos a una oferta limitada, que fuerza a las personas a hacer largas filas para conseguir productos básicos como leche o huevos, a precios que han crecido el doble o el triple.

El panorama es desalentador también para el sector sanitario, con centros de salud clamando por la falta de insumos como oxígeno. En el Hospital del Niño de La Paz, unas 50 cirugías programadas tuvieron que ser suspendidas. En la entrada, padres de algunos de los niños ingresados se movilizaron al grito de "queremos oxígeno".

"La situación es crítica, hoy (por el miércoles 3 de junio) se nos acaba el oxígeno criogénico y vamos a utilizar solamente cilindros de oxígeno. La reserva que tenemos nos alcanza para tres días y si en tres días no tenemos solución, va a tener estos resultados catastróficos", explicó a la agencia EFE el director de ese centro de salud, Alfredo Mendoza.

De los diez fallecidos registrados en el marco de la crisis, siete fueron consecuencia de no contar con la atención médica oportuna debido a los bloqueos. Entre ellos, una mujer de 24 años y una niña de 12 que debían recibir tratamiento contra el cáncer y no pudieron llegar a La Paz.

Janet Ramallo, paciente oncológica de 43 años, explicó a EFE que debe trasladarse desde el norte hasta el oeste de La Paz, en medio de bloqueos esporádicos, y que cada vez es más difícil conseguir los medicamentos para su tratamiento, que escasean y se han encarecido.

"Hay personas que ya decidieron dejar su tratamiento y usted comprenderá que el cáncer es una cuestión de vida o muerte (...) Nosotros queremos vivir, pero si el Gobierno no pone de su parte y no pone orden, yo creo que vamos a tener que contar más muertes", alertó la mujer.

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Con EFE y medios locales