La Secretaría de Economía informó este jueves que el Estado mexicano ganó un caso de arbitraje internacional iniciado por la empresa Silver Bull Resources, Inc. (Silver Bull), con sede en Estados Unidos, la cual presentó en junio de 2023 una reclamación por más de 315 millones de dólares en contra de México.

El caso se llevó al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.

Durante el arbitraje, Silver Bull argumentó que, a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., adquirió entre 1996 y 2002 diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila. Según la empresa, desde septiembre de 2019 una cooperativa minera local, con el supuesto apoyo de autoridades locales, frustró el desarrollo de un proyecto minero.

Contra esto, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron razonablemente frente al conflicto social provocado por Silver Bull con pobladores de Sierra Mojada; que las reclamaciones estaban prescritas o fuera del alcance del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que Silver Bull no contaba con la capacidad técnica y financiera requerida para poner en marcha el proyecto.

El 29 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral por unanimidad resolvió el caso a favor de México. En su decisión, el Tribunal rechazó la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo del proyecto. Además, el Tribunal consideró que no tenía competencia para resolver el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull.

De igual forma, el Tribunal determinó que los hechos invocados por la empresa ocurrieron fuera del periodo en el que podían ser analizados bajo el TLCAN. Asimismo, el Tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos del arbitraje.

Con esto, el Estado mexicano logró una victoria sumamente relevante que fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México bajo tratados internacionales y dejando en claro que los hechos en controversia no eran atribuibles al Estado mexicano.

México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

El laudo se encuentra actualmente en proceso de revisión para identificar información susceptible de ser protegida. Una vez concluido ese proceso, el laudo será publicado en la página del CIADI, en la cual se puede consultar mayor información sobre el caso.