En poco más de cuatro décadas, América Latina y el Caribe (ALC) pasó de estar dominada por dictaduras a convertirse en la zona en desarrollo más democrática del mundo.

Hoy, 4 de cada 5 ciudadanos viven bajo regímenes democráticos y 7 de cada 10 personas habilitadas para votar participan en las elecciones. Se trata de uno de los niveles de participación electoral más altos a nivel global.

Sin embargo, ese avance convive con un malestar creciente. Apenas 3 de cada 10 ciudadanos se declaran satisfechos con el funcionamiento de su democracia y solo 5 de cada 10 la prefieren frente a cualquier otra forma de gobierno.

El más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Democracias bajo presión (mayo de 2026), parte de esa paradoja para advertir que la democracia en ALC, pese a su histórica expansión, no ha logrado funcionar de manera suficientemente efectiva y enfrenta presiones crecientes que amenazan su sostenibilidad.

El riesgo principal, señala el informe, no es necesariamente el retorno de rupturas abruptas, como los golpes de Estado del siglo XX, sino el vaciamiento gradual de la democracia: la consolidación de sistemas electorales que mantienen ciertos rasgos democráticos formales —elecciones, competencia partidaria y autoridades electas— pero que progresivamente se tornan incapaces de procesar de forma pacífica los conflictos sociales, representar a la ciudadanía y generar resultados tangibles en términos de desarrollo humano. Ese vaciamiento abre un terreno fértil para el surgimiento de líderes personalistas con discursos antisistema.

En ALC, las elecciones competitivas, la existencia de múltiples partidos y la alternancia real se han convertido en reglas del juego político ampliamente aceptadas en la mayoría de los países. Por ejemplo, desde 1982, en más de la mitad de las elecciones presidenciales democráticas de la región ganó la oposición.

Pero la expansión y estabilidad electoral no han venido acompañadas de una mejora en la calidad de las democracias. ALC sigue por debajo de estándares adecuados de libertad política, pluralismo e igualdad, y desde la década de 2010, indicadores clave de estos valores muestran un persistente retroceso.

Según datos de V-Dem, en ALC el índice de libertad de expresión y de acceso a fuentes alternativas de información cayó de 0,80 en el 2010 a 0,72 en 2025 (en una escala de 0 a 1, donde 1 representa plena libertad). Al mismo tiempo, el índice del componente igualitario —que evalúa en qué medida las desigualdades obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos— retrocedió de 0,59 a 0,55.

Estos déficits en la calidad democrática convergen en un punto crítico: la representación política. Cuando no todas las voces participan, no pesan igual o no pueden expresarse con plena libertad, la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones se amplía y la legitimidad democrática se erosiona.

En el caso específico de las juventudes de la región, señala el PNUD, "predomina un sentimiento de frustración hacia sistemas democráticos percibidos como distantes y capturados por élites, lo que limita su identificación con las instituciones".

Los datos de Latinobarómetro (2025) ilustran esta desconexión con claridad: el 66 por ciento de los latinoamericanos desconfía de las autoridades electorales y el 60,6 por ciento cree que las elecciones en su país son fraudulentas. Pero los datos más reveladores apuntan a los intermediarios entre la ciudadanía y el poder: apenas 2 de cada 10 ciudadanos en ALC confían en los partidos políticos, mientras que 7 de cada 10 perciben que su país es gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio.

Pero la desconexión entre los ciudadanos y el poder no explica por sí sola la creciente insatisfacción en la región. El PNUD destaca una segunda fuente de malestar: "Para las personas, votar no es suficiente: también demandan seguridad, justicia y oportunidades. Cuando la democracia no responde a estas expectativas, su promesa pierde credibilidad".

En las últimas décadas, ALC registró avances importantes en el desarrollo humano. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó de 0,648 en 1990 a 0,783 en 2023; entre 2000 y 2024 la proporción de personas en situación de pobreza se redujo a la mitad y la clase media creció del 21,7 por ciento a 42,3 por ciento.

Sin embargo, estos progresos fueron desiguales, vulnerables y no lograron modificar rígidas estructuras de exclusión. La región sigue siendo la más desigual del mundo en términos de ingresos: el 10 por ciento más rico concentra el 37 por ciento de los ingresos, mientras que el 40 por ciento más pobre apenas dispone del 13 por ciento. Cuando se ajusta el IDH por desigualdad, el índice cae un 21 por ciento.

Por otra parte, 7 de cada 10 personas de la clase media se encuentran justo por encima de la línea de pobreza, y 1 de cada 4 personas vive en pobreza, con lo cual, más de la mitad de la población de la región —el 56 por ciento— "carece de mecanismos adecuados para enfrentar eventos adversos moderados sin sufrir repercusiones de largo plazo en su bienestar", según señala el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 del PNUD.

Estas condiciones no solo afectan el nivel de vida de millones de personas en la región, sino que también son un serio obstáculo para que estos ciudadanos puedan participar de forma efectiva en la política. De allí que el PNUD sostenga que el desarrollo humano constituye una condición necesaria para el buen funcionamiento de la democracia: "Sin niveles mínimos de educación, seguridad, ingresos y autonomía, el ejercicio efectivo de los derechos políticos se ve muy limitado".

A la persistente desigualdad económica y política, a las limitaciones en la inclusión y al deterioro de las libertades civiles se han sumado en los últimos años nuevas presiones que aceleran la erosión democrática en ALC. Entre ellas, el PNUD destaca: la polarización política, la revolución digital y el avance del crimen organizado.

La creciente polarización, que ha convertido a la región en la más polarizada del mundo, según datos de V-Dem, amenaza con romper la confianza democrática básica entre adversarios y limita gravemente la capacidad de las instituciones para procesar los conflictos de forma pacífica.

La revolución digital amplía el acceso a la información, pero también multiplica la desinformación, introduce la manipulación algorítmica y fragmenta el debate público. Y el crimen organizado, allí donde el Estado es débil, ya no solo ejerce la violencia directa: se inserta en las comunidades, le disputa al Estado el monopolio de la coerción e influye en la gobernanza local, la economía y la provisión de servicios, destruyendo así las condiciones mínimas para el ejercicio democrático.

El informe advierte que la fuerte desconexión entre una ciudadanía que continúa participando electoralmente —pese a su profunda insatisfacción con el desempeño de la democracia— y unos partidos políticos en los cuales ya no confía, crea un vacío de liderazgo muy propicio para que líderes con discursos antisistema capitalicen el malestar ciudadano y canalicen la participación electoral hacia nuevos proyectos personalistas.

Tres indicadores evidencian esta dinámica: la identificación partidaria cayó del 34 por ciento en 2014 al 25 por ciento en 2024. En paralelo, la creencia de que la democracia puede funcionar sin partidos aumentó del 31 por ciento en 2013 al 42 por ciento en 2024. Y, en menos de una década, la edad promedio de los partidos que han ganado elecciones descendió de 45 a menos de 15 años, una señal elocuente del desencanto con las organizaciones políticas tradicionales y del deseo de cambio de los electores.

Muchos de estos nuevos liderazgos personalistas siguen un mismo patrón: capitalizan la frustración colectiva mediante el uso intensivo de las plataformas digitales con discursos polarizantes que dividen a la sociedad.

Buena parte del atractivo de su mensaje reside en atacar al sistema y en ofrecer soluciones simples y rápidas a problemas complejos: menos mediación, menos negociación, menos controles y más poder de decisión concentrado. Pero allí está también el riesgo: la promesa de eficacia se cumple a costa de debilitar los contrapesos, erosionar el pluralismo y profundizar el deterioro democrático que les facilitó alcanzar el poder.

En esta dinámica, el PNUD identifica el riesgo más concreto para la democracia de la región: un círculo en el que la insatisfacción ciudadana y la profunda crisis de la representación política alimentan liderazgos antisistema que, una vez en el poder, aceleran el vaciamiento democrático que los hizo posibles.

(ms)