Los senadores Jacky Rosen, demócrata, y John Cornyn, republicano, presentaron este miércoles una iniciativa orientada a combatir el robo de combustible atribuido a cárteles en México, conocido como “huachicol”, mediante un mecanismo de supervisión al Departamento de Defensa de Estados Unidos para que informe al Congreso sobre acciones relacionadas con el combate al contrabando de hidrocarburos.

La propuesta, denominada Stop Fueling Cartel Violence Act, establece que el Departamento de Defensa deberá presentar reportes al Congreso sobre las medidas que realiza para frenar el tráfico de combustible vinculado a grupos criminales en México, de acuerdo con el comunicado difundido por Rosen el pasado 15 de mayo.

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En el comunicado se indica que organizaciones criminales transnacionales en México obtienen combustible mediante distintas modalidades de robo y contrabando.

El texto señala: “Las organizaciones criminales transnacionales en México roban combustible mediante la perforación ilegal de ductos, la toma de camiones y la realización de esquemas sofisticados de contrabando transfronterizo. Estos grupos criminales obtienen ganancias al vender el combustible robado o traficado a precios más bajos en el mercado negro para evadir impuestos y enriquecerse, lo que ha provocado un aumento importante de la violencia en México que se extiende hacia Estados Unidos”.

Y advierte: “Las comunidades cercanas a los ductos están experimentando tiroteos vinculados a cárteles, extorsión e intimidación. En los últimos años, el comercio ilícito se ha expandido más allá de México, con el contrabando de combustible vinculado al lavado internacional de dinero y a operaciones criminales transfronterizas, lo que lo convierte en un asunto económico, energético y de seguridad nacional”.

El mismo comunicado establece el alcance del proyecto legislativo: “La Ley bipartidista Stop Fueling Cartel Violence exigiría al Departamento de Defensa que informe al Congreso sobre sus esfuerzos para frenar el contrabando de combustible por grupos criminales en México”.

Este miércoles, Rosen publicó un mensaje en redes sociales en el que anunció la presentación de la iniciativa.

“Los cárteles en México están obteniendo ganancias del combustible y el petróleo crudo robados, lo que les permite sostener sus operaciones ilegales en ambos lados de la frontera. Estoy presentando un proyecto de ley bipartidista con John Cornyn para frenar esta práctica ilegal y seguiré trabajando entre partidos para proteger a las familias estadounidenses”, escribió.

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Cornyn, según el comunicado, afirmó que los grupos criminales han desarrollado métodos cada vez más sofisticados para el robo y contrabando de hidrocarburos. En su declaración se señala: “Los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos de hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y usar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas que se infiltra en nuestras comunidades y mata a estadounidenses inocentes todos los días”.

El comunicado también refiere que Rosen ha impulsado otras iniciativas legislativas relacionadas con el combate a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo propuestas sobre minería ilícita de oro, tráfico de drogas en distintos medios de transporte y la ley FEND Off Fentanyl Act.

En el caso de México, el llamado huachicol fiscal en Tamaulipas se hizo público el 31 de marzo de 2025, cuando la Secretaría de Marina informó sobre el aseguramiento de un buque en el puerto de Tampico con alrededor de 10 millones de litros de diésel introducidos de manera ilegal al país.

A partir de ese hallazgo, se destapó una red de contrabando de combustibles que operaba a través de aduanas marítimas con la participación de empresarios, agentes aduanales y presuntos funcionarios, incluidos mandos navales, dedicada a introducir y comercializar combustible sin el pago del IEPS.

El investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, en una columna publicada en Animal Político el 10 de octubre de 2025, describe el huachicol fiscal como un esquema de introducción de combustible a México mediante evasión de impuestos.

El investigador señala: “El huachicol fiscal se ha convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes para el crimen organizado, la cual consiste en introducir a México combustible comprado legalmente en otro país, pero sin reportar los impuestos correspondientes. Se hacen pasar por productos como aceites reciclados, que tiene una tasa impositiva menor, de forma que el fisco pierde y esto permite vender el combustible a un precio más competitivo, generando ganancias para las organizaciones criminales gracias a este margen que se deriva de la omisión del impuesto”.

La columna añade: “Por lo tanto, la ganancia del huachicol fiscal está directamente relacionada con el volumen. A cada litro se le puede ganar uno o dos pesos, pero para que sea un negocio lucrativo se introducen millones de litros en barcos contenedores, por ende, entre mayores sean las cargas, más grande será la ganancia”.

Sobre casos de operación, el texto indica: “Un ejemplo de lo anterior es el barco Challenge Procyon que zarpó del puerto de Beaumont Texas y arribó al de Tampico Tamaulipas, en donde a cambio de 1.7 millones de pesos, el personal corrupto de la Aduana de Tampico que estaba adscrito a la Secretaría de Marina dejó pasar la carga y permitió su ingreso a México; sin embargo, en una operación conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, se pudo descubrir esta red de corrupción, arrestar a algunos de sus integrantes y decomisar parte de la carga”.

También se menciona: “Otros casos similares son el del buque Nord Supreme, que hizo al menos cuatro veces el trayecto entre el puerto de Houston y el de Altamira, introduciendo en cada ocasión 18 millones de litros de combustible que no pagó impuestos al país. O bien, el MTM Hamburg, que realizó 5 viajes también en 2024 entre Houston y Tampico, que representó la entrada ilegal de 43 millones de litros.”

La columna señala que estas operaciones se concentran en rutas marítimas entre Texas y Tamaulipas debido a factores logísticos, de infraestructura portuaria y costos de transporte, además de la existencia de redes de corrupción en aduanas y puertos.