Una historia de violencia prolongada que pocos países pueden contar en América Latina. Ser madre en las zonas rurales de Colombia es muy distinto a lo que implica hacerlo en las grandes ciudades. Los miedos, las incertidumbres y la falta de atención a necesidades básicas son moneda corriente para miles de mujeres que día a día desafían al destino con el impulso del amor por sus hijos.

Ana Milena Delgado vive en La Hormiga, cabecera de Valle del Guamuez, uno de los municipios que forma parte del departamento de Putumayo, en el suroeste de Colombia. Madre de dos hijos, de 28 y 16 años, y una de 27, cuenta a France 24 en Español que el más grande reside en Antioquia, donde estudia educación física, y la que le sigue hace lo propio en Cali, ejerciendo como comunicadora social y periodista.

Sentada en el salón de su hogar, recuerda cómo fue la crianza de los más grandes en medio del enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región: “Todos conocemos la historia de masacres y asesinatos. Era complejo tener tranquilidad cuando los niños estaban en el colegio y yo trabajando. Porque no solamente eran los enfrentamientos, eran también los reclutamientos que hacían los dos grupos al mismo tiempo”.

Ahora como integrante de la organización Asvimujer Senderos de Vida, advierte que “la presencia de los grupos al margen de la ley en Putumayo nunca ha desaparecido” y que el reclutamiento de menores de edad por parte de ellos “sigue estando latente”.

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De su testimonio se desprende que las formaciones armadas ya no son las mismas, pero mantienen la incorporación de jóvenes a través del ofrecimiento de una suerte de contrato donde se asigna sueldo, moto y armas.

“Uno no sabe en qué momento a usted llega y le dicen que su hijo debe irse al grupo”, relata.

Nadie le enseño a Ana Milena cómo es ser madre en este contexto: “Que existiera un ABC sería chévere. El problema es que ellos (los grupos ilegales) te ofrecen una economía. Te dan tus honorarios, te dan tu moto, te dan tu arma. Entonces, algunos de los niños se irán por su propia voluntad”.

Con sus dos hijos mayores fuera del territorio, se enfoca en el más pequeño, que acude al grado 11 y es músico. Dice que la situación la obliga a estar pendiente de los recorridos que hace en los toques que tiene con su banda y con quienes va acompañado. “La entrega es casi 24/7”, enfatiza.

La zona donde vive Ana Milena cuenta con un clima cálido y húmedo que se torna complejo para ciertas patologías. Una situación que ella sufrió como madre cuando su hijo mayor se enfermó de neumonía. El acceso a la salud redunda en una de las dificultades más crudas que sufren los habitantes de este departamento fronterizo con Ecuador y Perú: “Si o sí tienes que desplazarte a otros municipios a buscar a buscar el médico, o también me tocó mucho pasarme al Ecuador”.

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Yurany Cifuentes tenía 9 años cuando sus padres fueron asesinados en medio del conflicto armado. Entonces, a ella le toca encargarse de su hermana de cuatro. No tiene hijos pero, de alguna manera, la vida la hace maternar en su tierna edad. “La ayudo ahora a ella (la hermana) con la crianza de mi sobrina”, relata a France 24 en Español.

Ahora, como representante legal de Asvimujer Senderos de vida, acompaña a víctimas del conflicto armado, que en muchos casos son cabeza de hogar. “Ser mamá acá en el Putumayo es muy complicado por el conflicto y porque el acceso a la salud y a la educación es difícil. Yo creo que hasta por eso no he querido ser mamá”, reflexiona.

Yurany considera que una de las bases del reclutamiento está en el déficit educativo. Los niños de la zona estudian hasta el bachillerato y luego comienzan a trabajar en fincas con tareas vinculadas al cultivo de coca.

Además, otro de los aspectos fundamentales que lleva a esta situación tiene que ver con la economía: “Pues no hay trabajos, no hay como una forma de empleo formal. Entonces ellos ven en esa 'oportunidad' una forma de ayudar a sus familias porque les ofrecen un sueldo fijo, y las madres saben que no van a salir fácilmente de allí y que corren el riesgo de que se los entreguen muertos”, lamenta.

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Luego describe el escenario donde suceden los hechos: “Es como que los evalúan en las afueras de los colegios. Les hacen un seguimiento y miran qué jóvenes también se pueden, pues, llevar”. Mientras, muchas madres trabajan 12 horas por día: “La mayoría no tiene un empleo formal de ocho horas y es complicado porque les cuesta pasar tiempo con sus hijos”

La finalización del ciclo lectivo parece ser el momento más delicado. Allí las madres hacen todo lo posible para que sus hijos no se dejen llevar por estos grupos. Entonces, una solución sería enviarlos a estudiar fuera del Putumayo pero, en ese instante, vuelve a aparecer la economía como un impedimento para solventar el costo que implica este tipo de desplazamiento.

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Se terminó 2024 y comenzó 2025, pero en el noreste de Colombia la situación no estaba para festejos. Más precisamente en la región del Catatumbo, se reavivaron las horas más amargas del conflicto armado, con más de 20.000 desplazados que se refugiaron en la ciudad de Cúcuta.

Un drama humano que se origina en el fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Casi un año y medio después, la intensidad de los enfrentamientos parece haber mermado, pero las personas que viven en la zona dicen que el dolor no desaparece.

“Toca, a la mala, proteger a nuestros hijos”, relata Claudia Manrique, integrante de la organización Madres del Catatumbo por la Paz, a France 24 en Español. “Nos toca extender nuestras alas para mostrarle al Estado que si ellos hiciesen las cosas de mejor manera, nosotras no estaríamos hasta exponiendo nuestras vidas para proteger a nuestros hijos”, agrega.

Recibir el disparo de una bala perdida, ser secuestradas, violadas o intimidadas. Esos son los riesgos cotidianos que describe Claudia, mientras advierte que, al igual que en Putumayo, la falta de oportunidades laborales y el deficiente acceso a la educación impiden a los jóvenes salir del circuito de la violencia.

“Nosotras alzamos la voz teniendo muy claro que podemos tener una bala directamente en la cabeza. Manejamos medidas de autocuidado, como ser muy prudentes cuando hablamos y no hacer señalamientos porque ellos están por una ideología que ya no se sabe qué es”, alerta.

Claudia explica que se ven muchos cambios desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, el 24 de noviembre de 2016. Destaca, no obstante, que la inconformidad con el Estado es mayor porque “la inversión social no existe” y el grosor de las carreteras que se construyen “en menos de nada va a estar otra vez vuelta nada”.

Las madres del Catatumbo, como las de Putumayo y las de tantas otras regiones afectadas por el histórico conflicto armado de Colombia, viven en una sobrecarga que asumen como parte de la protección de sus hijos “para procurar brindarles un mejor futuro, donde puedan estar tranquilos, donde puedan respirar tranquilos, donde puedan ser autónomos de sus decisiones y donde no tengamos que vivir con temores de que hay que salir corriendo”, concluye Claudia.

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