Policías antimotines se enfrentaron este sábado con manifestantes para abrir carreteras y permitir el paso de alimentos a la capital política de Bolivia, en medio de una ola de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, quien insistió en llamar al diálogo.

El mandatario centroderechista, con apenas seis meses en el poder, encara desde hace más de tres semanas el malestar de campesinos, obreros, maestros y transportistas por la crisis económica que atraviesa el país, la peor desde hace cuarenta años.

Los manifestantes, que escalaron sus reclamos y ahora exigen la renuncia del presidente, mantienen más de medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país, y han cercado a La Paz, afectada por el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.

Apoyados por palas mecánicas y excavadoras, agentes antidisturbios iniciaron desde primeras horas de la mañana operativos para retirar escombros que bloquean carreteras en distintos puntos del país.

La policía lanzó gases lacrimógenos cuando grupos de manifestantes con hondas y petardos intentaron defender los puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur).

Los enfrentamientos se extendieron por horas. Aunque algunos vehículos de carga consiguieron pasar, por la tarde algunas zonas fueron retomadas por los grupos movilizados contra el gobierno.

En una entrevista con la televisora argentina TN, Paz aseguró este sábado que va a "extremar todos los esfuerzos" para lograr un diálogo.

"Pero todo tiene un límite", advirtió, sin descartar medidas como un estado de sitio si es necesario.

El gobierno convocó a una reunión de diálogo el domingo a campesinos aimaras, uno de los principales grupos que mantienen paralizadas las vías en gran parte del altiplano boliviano.

"Han bajado enormemente los puntos de bloqueo" en esa ciudad, pese a que aún persisten tomas en tres distritos, dijo Fernando Rojas, comandante policial de El Alto, de fuerte influencia aimara.

Las autoridades denunciaron que un agente policial que no era parte del operativo fue retenido y golpeado por manifestantes en El Alto, donde también incendiaron oficinas de un control aduanero.

El gobierno acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de las protestas y denunció esta semana ante la OEA un supuesto intento de "alterar el orden democrático".

El lunes pasado miles de manifestantes sacudieron el centro de La Paz, sede del gobierno y del Congreso, en una convulsa jornada que dejó más de 130 detenidos y oficinas públicas saqueadas.

El viernes los trabajadores también chocaron con la policía, que los dispersó con más facilidad a punta de gases lacrimógenos.

En La Paz, los mercados están desabastecidos y los precios de los alimentos se dispararon, en las gasolineras se forman largas filas y en los hospitales faltan medicamentos.

"La paciencia se acabó", dijo a la AFP Javier Quispe, un conductor de minibús que esperaba desde hacía horas ser atendido en una gasolinera. El lunes se sumará a las protestas con su sindicato, dijo.

El gobierno se ha visto obligado a organizar vuelos desde Santa Cruz y Cochabamba para abastecer de carnes y vegetales a la ciudad altiplánica.

"No sabemos hasta cuándo vamos a aguantar (...). No tenemos ni para comer a veces", dijo Marco Cuttila, estudiante de La Paz.

Pese a que las alcaldías de La Paz y El Alto dicen haber reforzado sus inspecciones en los mercados y ferias para evita la especulación, los precios de algunos productos se triplicaron.

Bolivia agotó sus reservas de dólares y su inflación interanual fue de 14% en abril.