La inteligencia artificial ya decide quién entra a trabajar en muchas empresas, evalúa el desempeño de los empleados, asigna tareas y monitorea la productividad.

Hace todo eso sin que, en la mayoría de los países de América Latina, exista una ley que lo regule. México quiere cambiar eso.

Pablo Guillermo Angulo Briceño, senador del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Senado de México una propuesta de reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para incorporar disposiciones sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en los entornos laborales.

La iniciativa establece que los sistemas de IA deben ser herramientas complementarias al trabajo humano, no sustitutos, y que ninguna decisión con impacto en los derechos de un empleado puede tomarse exclusivamente mediante procesos automatizados. Siempre debe haber una persona responsable que valide esa determinación.

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La propuesta también obliga a los empleadores a informar con claridad y anticipación sobre la implementación de estas tecnologías, explicar cómo funcionan y asumir los costos de adopción sin trasladarlos a los trabajadores. Y prohíbe expresamente usar la IA para discriminar, vigilar de forma desproporcionada o vulnerar la dignidad y privacidad de los empleados.

“Esta transformación no es hipotética ni futura, sino una realidad presente que ya incide en la forma en que se accede, se desarrolla y se mantiene un empleo”, sostuvo Angulo Briceño al presentar la iniciativa.

La Organización Internacional del Trabajo estima que el 35% de los empleos en México se verá influido por la irrupción de la inteligencia artificial, y que herramientas como ChatGPT automatizarán por completo el 2,3% de los trabajos. El 14% de las ofertas laborales en el país ya menciona habilidades relacionadas con IA, un crecimiento del 150% en apenas dos años.

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En Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, una iniciativa que busca garantizar que el desarrollo y uso de la IA se realice bajo principios éticos, de justicia social y sostenibilidad. El texto, identificado como Proyecto de Ley 043 de 2025, lleva más de un año en trámite legislativo y aún no ha sido aprobado.

El proyecto contempla en su capítulo VII dos artículos específicos para regular el impacto de la IA en el contexto laboral, entendida como la cuarta revolución industrial, con el propósito de implementar una transición laboral con enfoque de derechos humanos y trabajo digno para evitar la pérdida de empleos.

A diferencia de la propuesta mexicana, que se enfoca exclusivamente en el ámbito laboral, el proyecto colombiano es más amplio: abarca gobernanza, talento, educación, propiedad intelectual y desarrollo territorial, y se alinea con regulaciones internacionales como las directrices de la UNESCO, la OCDE y la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea.

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“La inteligencia artificial llegó para quedarse y requiere una legislación que nos prepare para sus desafíos y posibilidades”, dijo el senador Pedro Flores, uno de los principales impulsores de la iniciativa en Colombia.

El Banco Interamericano de Desarrollo estima queen Colombia una parte importante de los trabajos podría verse afectada por la IA en la próxima década. Mientras tanto, el proyecto de ley sigue su trámite en el Congreso, pendiente de los cuatro debates requeridos para convertirse en ley.