La Quinta Brigada Internacional de Búsqueda “Tejiendo Rutas” inició sus actividades en México con operativos simultáneos en Chiapas y la Ciudad de México, encabezados por familias de personas migrantes desaparecidas. La iniciativa es impulsada por la Red Regional de Familias Migrantes, que acompaña a madres y familiares provenientes de países como Cuba, Honduras, Ecuador y Colombia.

El arranque de las labores se da tras más de seis meses de organización y coordinación entre colectivos y personas aliadas, con el objetivo de realizar acciones de búsqueda. De acuerdo con la Red, estas brigadas constituyen procesos mediante los cuales las familias ejercen su derecho a buscar, al tiempo que demandan avances en las investigaciones por parte del Estado mexicano.

“Han pasado más de 15 meses de la desaparición de 40 personas migrantes en Chiapas, por lo que desde esta red, decimos acompañar a sus familias para garantizar la búsqueda”, señaló la organización.

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De acuerdo con las investigaciones, los migrantes habrían sido movilizados por rutas marítimas a través del océano Pacífico, en un trayecto que abarca zonas entre Mazatán, Chiapas, y Juchitán, Oaxaca, pero desde entonces no se ha logrado establecer su paradero.

Las actividades de la Brigada están programadas entre el 2 y el 16 de mayo, e incluyen recorridos en puntos clave de Chiapas y la capital del país, donde se prevé recabar información que contribuya a esclarecer los casos.

Entre las personas desaparecidas se encuentran José Alejandro Lozada Santos, Lorena Rosabal Guevara, Elianis Caridad Morejón Pérez, Dayranis Tan Ramos, Samei Armando Reyes Álvarez y Meiling Álvarez Bravo, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de San José El Hueyate, en Mazatán, Chiapas. 

Las familias participantes han reiterado su llamado a las autoridades de México y de los países de origen para fortalecer la coordinación en las investigaciones. Mientras tanto, continúan sus actividades con el acompañamiento de organizaciones civiles.

En marzo, autoridades federales informaron que en México se acumulan más de 132 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas; sin embargo, señalaron que, tras un proceso de depuración del registro nacional, solo 43 mil 128 casos corresponden a desapariciones “vigentes”, es decir, personas de las que no se tiene rastro.

Además, reportaron la existencia de 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas y sostuvieron que más del 90 % de los registros han sido aclarados o clasificados en otras categorías.

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Ante esta situación, organizaciones civiles como Fundar advierten que esta reclasificación puede distorsionar la dimensión real de la crisis, ya que una desaparición no deja de serlo por criterios administrativos o por la ausencia de una carpeta de investigación.

A estas críticas se sumó el Centro Prodh, que cuestionó la narrativa de “ausencias voluntarias” y recordó que organismos internacionales han señalado que las desapariciones en México ocurren de manera generalizada, en un contexto de impunidad superior al 99 %.

En este contexto, y en una decisión sin precedentes, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió solicitar a la Asamblea General de la ONU que examine la situación en el país, al concluir que —por la información que ha recibido— tiene “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, lo cual fue rechazado por el gobierno federal.