Familiares y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), acompañados por organizaciones sociales de Honduras y otros organismos internacionales, salieron a las calles de Tegucigalpa ara reclamar justicia para Berta Cáceres, asesinada a tiros en su domicilio en La Esperanza, Intibucá, hace una década.

Con motivo de la efeméride, emprendieron un recorrido que pasó por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Públicodonde se llevó a cabo, de manera simbólica, un tribunal popular indígena y feminista para condenar a todos los involucrados en el asesinato.

La oposición de la lideresa lenca al proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), le costó la vida y puso en la mira a América Latina como la región más letal del mundo para los defensores ambientales.

"La irrupción armada que terminó con la vida de Berta Cáceres no fue un hecho fortuito ni un acto de violencia común", reza un informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Publicado el pasado 16 de enero de 2026, el reporte apunta que el asesinato "fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercida contra la lideresa indígena".

Cáceres, cuya lucha traspasó fronteras con el reconocimiento del Premio Ambiental Goldman en 2015, se convirtió en un símbolo de resistencia de comunidades indígenas frente a proyectos que pretenden llevarse a cabo sin consulta previa, libre e informada, tal y como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los expertos del GIEI concluyen que el asesinato de Berta Cáceres "es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la DESA, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado".

"Había una serie de intervenciones de las comunicaciones telefónicas, donde el Ministerio Público venía escuchando en tiempo real la planificación de una operación vinculada con el tráfico de drogas y también con el asesinato de Berta Cáceres", detalla a DW Pedro Martín Biscay, uno de los autores del informe, remitiéndose a audios datados dos meses antes del asesinato de Cáceres.

"Hay varios audios del 4 de enero de 2016 en adelante, donde hablan de la acción de 'sicariar', de llevar adelante un plan de sicariato contra alguien que terminó siendo Berta Cáceres", añade este abogado penalista con especialización en investigaciones y regulaciones financieras. "Ahí ya había un primer elemento donde en su momento el Estado tenía que investigar y decidió no hacerlo", critica Martín Biscay, también director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminología Económica.

La investigación financiera del GIEI revela que cerca del 67 por ciento de los recursos destinados formalmente a la construcción de la represa de un total de 18.540.325,62 dólares estadounidenses y que cuentan con la participación de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos, fueron desviados o usados de manera irregular.

En este sentido, el reporte identifica operaciones financieras realizadas inmediatamente después del asesinato, mediante las cuales se cobraron cheques en efectivo por un monto equivalente a, por lo menos, parte del pago ofrecido a la célula sicaria para ejecutar el crimen.

Biscay, que relata a DW las dificultades para obtener estas informaciones y que espera que el informe sea una herramienta de lucha contra la impunidad, recalca que "el caso ofrece un desafío a nivel internacional por la responsabilidad del sistema financiero internacional y sobre todo de los bancos de desarrollo".

Biscay reclama un cambio general en la manera de organizar la práctica financiera dedicada a préstamos de desarrollo "porque el caso de Berta Cáceres no es un caso aislado, sino que es un patrón sistemático que se puede verificar en todos los países de la región". "Hay muchos otros casos donde los bancos de desarrollo financian operaciones de infraestructura que terminan indirectamente por irregularidades en el manejo de los fondos financiando la violencia estructural que golpea a comunidades campesinas y originarias y que afectan gravemente los derechos humanos de esas poblaciones, además del impacto grave sobre los derechos de la naturaleza", critica.

Para Berta Zuñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, el informe "es un avance importante en cuanto acceso a la verdad que nos ayuda a entender qué, cuándo y por qué sucedió". "Complementa y confirma lo ya establecido en los juicios por el crimen y documenta y corrobora la participación del Estado de Honduras, del grupo empresarial Atala y la responsabilidad de los bancos internacionales en particular FMO", puntualiza a DW.

Asimismo, la coordinadora general del COPINH asegura que el reporte facilita a las autoridades del Estado de Honduras el camino para el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a investigación, justicia y reparación".

Según Sandra Patargo, Coordinadora de Protección para las Américas en Front Line Defenders, organización dedicada a la protección a comunidades, entidades y personas defensoras en riesgo, entre ellas el COPINH, el reporte del GIEI "sienta un precedente muy importante".

"Con este informe ya no hay una sola justificación ni espacio para la duda y la impunidad; la verdad marca el camino directo para llegar a la justicia total en el caso de Berta y en tantos más en el país y en la región", comenta Patargo a DW, quien reclama "llevar a la justicia a los autores intelectuales, incluyendo a todos los implicados en la estructura criminal que lo hizo posible".

"Este informe demuestra un patrón de la violencia y colusión entre las instituciones financieras, el Estado, los grupos armados y los intereses corporativos en los casos de personas defensoras y comunidades que defienden la vida, sus derechos y los territorios", apunta Patargo.

No obstante, el nuevo Gobierno hondureño, quien debe llevar a cabo las acciones planteadas en el reporte, no se ha pronunciado al respecto. "A seis semanas del lanzamiento del informe, la CIDH no tiene conocimiento de medidas concretas orientadas a cumplir o implementar las recomendaciones del informe", explica a DW Andrea Pochak, cicepresidenta de la CIDH, reconociendo la dificultad de retomar el tema por parte de la nueva administración. "Las recomendaciones, de todos modos, se dirigen hacia diferentes autoridades del Estado, incluyendo a la Fiscalía y el Poder Judicial", puntualiza.

Para facilitar la implementación de las recomendaciones del GIEI, la Comisión Interamericana ha convocado la audiencia "Seguimiento al Informe del GIEI Honduras sobre el asesinato de la defensora Berta Cáceres" para el próximo 11 de marzo. "Prestaremos atención a las recomendaciones vinculadas al acceso a la verdad y a la justicia, a la participación de las víctimas en los procesos judiciales y a las medidas de reparación integral", avanza la también Relatora para Honduras. "Asimismo, la audiencia busca propiciar un diálogo constructivo que conduzca a la adopción de compromisos estatales efectivos para el cumplimiento de dichas recomendaciones a corto y mediano plazo", añade la vicepresidenta de la CIDH, que definirá una ruta de trabajo después de los avances de dicha audiencia.

(ms)