Marchas de transportistas, mineros, campesinos, maestros. Todas estas y otras manifestaciones confluyen en una semana de agitación social en Bolivia, a pocos días de que el presidente Rodrigo Paz cumpla sus primeros seis meses en el cargo con una posición debilitada y una economía que no despega.

La Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, rechazó el martes la propuesta del Gobierno de una mesa de diálogo por considerar que la oferta llegó muy tarde, cuando ya está convocado un cabildo abierto para el viernes 1 de mayo en El Alto para definir nuevas medidas de presión. “Será un momento decisivo, donde se consolidará una agenda nacional para exigir soluciones a las problemáticas del país”, adelantó en conferencia de prensa Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB.

A fines de marzo la Central pidió aumentar un 20 % el salario básico para recuperar poder adquisitivo frente a la inflación, lo que fue rechazado por el Gobierno, que recordó que ya hubo un aumento del 20 % en enero hasta los US$ 474.

“Las protestas se le han juntado a partir de diferentes demandas sectoriales. Si el Gobierno no desactiva los conflictos, puede convertirse en una suerte de pliego o petitorio nacional. Eso le va a representar un problema mayor”, dijo a CNN el politólogo Marcelo Arequipa, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Paz asumió luego de 20 años casi ininterrumpidos de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), que construyó una base de apoyo en estrecha alianza con sindicatos y organizaciones campesinas, lo que le permitió contener conflictos y canalizar las demandas de forma interna. Para Arequipa, Paz mantiene la línea de los primeros meses de su gestión, en los que no trazó una articulación directa o a través de operadores con varios sectores. “Todavía es errática, no tiene conexión con la calle y tampoco en el Legislativo. (Los diferentes sectores) están camino a articularse y consolidarse, eso va a terminar por ocurrir el 1 de mayo y es un riesgo en el sentido de su gobernabilidad. No tanto como para que caiga el Gobierno, pero sí que quede muy tocado y bastante débil”, advirtió.

El país afrontó 176 eventos de conflictividad en el primer trimestre de 2026, según registró la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre los riesgos de gobernanza. El defensor Pedro Callisaya instó al Gobierno a dialogar con los diversos actores políticos, empresariales y sindicales para explicarles sus planes y plazos, con el objetivo de “consensuar una agenda nacional y reducir la tensión social, enfatizando el diálogo social”.

Por su parte, Paz se muestra dispuesto al diálogo, pero sin dar el brazo a torcer. “No le tengo miedo a las movilizaciones. Soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos. No me asusta el movimiento en las calles”, dijo el sábado en un mensaje en Facebook.

Sin embargo, se espera que realice alguna concesión este viernes, ya que se volvió una tradición que cada 1 de mayo el Gobierno presente anuncios para los trabajadores, una costumbre que también fue cumplida en 2020 durante el interinato de Jeanine Áñez. Arequipa dijo que hasta ahora Paz siempre ha tenido que ceder ante los conflictos y consideró que hará algún anuncio “por tradición y por el peso de la COB”, pero cree que estará lejos de las aspiraciones de los gremios. “Hay algo que podría cambiar el escenario: una parte de la opinión pública no está del todo de acuerdo con que se suba los salarios (tanto como piden los sindicatos). La crisis económica no se ha resuelto, hay gente a favor de negociar el porcentaje”, matizó.

En 2025, el PBI de Bolivia cerró con una contracción de 1,6 %, según el Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno heredó una crisis marcada principalmente por la falta de divisas y de combustible y la semana pasada actualizó sus proyecciones para hacerlas más “realistas”: prevé para 2026 un déficit fiscal del 9 %, una inflación de 14 % y un crecimiento “algo menor al 1 %”, cifras más optimistas que lo que calculan organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (-3,3 %) y el Banco Mundial (-3,2 %).

Dos días después, el director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, presentó un estudio sobre la situación del país y advirtió que “la fragilidad macroeconómica puede descarrilar la economía y la estabilidad política nacional”, por lo que pidió acelerar las reformas y subrayó la necesidad de financiamiento internacional.

Los desafíos llegan por varios frentes. En seis meses de gestión, la estratégica compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lleva tres presidentes. El primero renunció en marzo tras una huelga de transportistas por un escándalo de mala calidad del combustible y la segunda, al presentar su dimisión, dijo que la empresa está en “un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”. El Gobierno de EE.UU. anunció la firma de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, pero todavía no se concretan las inversiones que el sector necesita.

Además, Paz está distanciado de su vicepresidente, Edman Lara, quien rompió el vínculo a las pocas semanas de la asunción, aunque el expolicía fue perdiendo el protagonismo que había conseguido en campaña. “Está rota, no hay una relación de ningún tipo. Es un tema importante, no hay que olvidarse que el vicepresidente a final de cuentas es una autoridad electa y tiene un electorado que está ubicado en el occidente, el altiplano, que todavía le da apoyo”, dijo Arequipa.

Las elecciones regionales realizadas en marzo, con segunda vuelta en abril, le ofrecieron al oficialismo la oportunidad de expandir su alcance, pero consiguió solo dos de las nueve gobernaciones. En sus dos décadas en el poder, el MAS nunca tuvo un número tan bajo: fueron cinco en 2010 y 2015 y tres en 2005 (cuando eran prefecturas) y 2020.

Sin embargo, tampoco es el peor de los escenarios, ya que no se enfrenta a una oposición hegemónica. El partido Libre, liderado por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, consiguió otros dos departamentos, el MAS y el expresidente Evo Morales (que se volvieron a unir bajo la Alianza Unidos por los Pueblos, A-UPP) obtuvieron uno, mientras que los otros cuatro gobiernos departamentales quedaron en manos de diversas fuerzas políticas.

Arequipa apuntó que el Gobierno “no tiene estructura territorial”, lo que le impidió obtener un mejor resultado, pero señaló que los antagónicos Libre y A-UPP son críticos “desde diferentes posiciones” y “no van a ir con una misma agenda” contra Paz.

Tras la segunda vuelta, Morales aseguró en X que Paz está “socialmente arrinconado con marchas, bloqueos y protestas enfurecidas” y que “la reprobación es contundente”.

De todas formas, el mandatario avanza en su agenda y días atrás recibió a los gobernadores electos para conversar, entre otras reformas, con su promesa de la distribución “50/50” de los recursos entre el gobierno central y las regiones, y confía en que sea el inicio de un proceso diferente. “Bolivia cierra un ciclo político y abre una nueva etapa”, dijo. El cabildo obrero del viernes pondrá a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno y marcará en buena medida si ese deseo es viable.

For more CNN news and newsletters create an account at CNN.com