El Gobierno mexicano está rechazando la acusación formal a gran escala presentada por Estados Unidos el miércoles, en la que se acusa al gobernador de Sinaloa y a otros diez altos cargos de participar en una conspiración mortal de tráfico de drogas con el Cártel de Sinaloa.

Apenas unas horas después de que Estados Unidos confirmara las acusaciones según las cuales unos funcionarios corruptos protegieron a líderes de cárteles, facilitaron el envío de fentanilo a Estados Unidos y ayudaron a torturar y asesinar a un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió, alegando que Estados Unidos no había aportado pruebas.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York afirma que los funcionarios aceptaron millones en sobornos de la facción de los «Chapitos» del Cartel de Sinaloa, permitieron que el cartel operara con total impunidad y contribuyeron a convertir la región en el epicentro mundial del mortífero tráfico de drogas.

En un comunicado público, la SRE de México confirmó que la Embajada de Estados Unidos en México recibió las solicitudes de extradición el martes por la noche. Sin embargo, tras un análisis jurídico, el Gobierno mexicano afirmó que los documentos estadounidenses «no contienen elementos probatorios» que permitan determinar que los funcionarios sean responsables de los presuntos delitos.

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La SRE dijo que remitió las solicitudes a la Fiscalía General de la República, que evaluará las pruebas y decidirá si existe viabilidad jurídica para detener y extraditar a los funcionarios en el marco del sistema judicial mexicano.

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La redada contra el cártel ha provocado tensiones diplomáticas inmediatas entre ambos países, y México ha criticado la decisión de las autoridades estadounidenses de hacer públicas las acusaciones. Las autoridades mexicanas han señalado que los tratados bilaterales vigentes exigen una estricta confidencialidad.

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En respuesta, el Gobierno mexicano ha dicho que va a enviar una reprimenda diplomática formal, conocida como «extrañamiento», a la embajada de Estados Unidos para protestar oficialmente por la forma en que se han hecho públicos los cargos.

En unas declaraciones a Fox News , el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, dijo que la embajada «toma nota» de que se han hecho públicas las acusaciones penales contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otras personas.

«La lucha contra la corrupción y la delincuencia transnacional es una prioridad común para Estados Unidos y México», escribió Johnson. «Nuestros países se han comprometido a reforzar la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que quieren nuestros ciudadanos a ambos lados de la frontera y, como he dicho en repetidas ocasiones, esto es lo que se merecen».

Añadió que Estados Unidos seguirá trabajando en estrecha colaboración con los dirigentes mexicanos para «fomentar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos».

«Seguimos comprometidos con una colaboración basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho», escribió Johnson. «Aunque no podemos comentar los detalles concretos de estas acusaciones y habrá que dejar que siga su curso el proceso judicial, una cosa es segura: la corrupción que da pie al crimen organizado y perjudica a nuestros dos países será investigada y perseguida siempre que sea de competencia de Estados Unidos».

Ni la Casa Blanca ni la Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios Fox News .

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York no ha querido hacer declaraciones.

Fuente del artículo original: EE. UU. acusa a un gobernador mexicano y a altos funcionarios de conspirar con un cártel, mientras México responde cuestionando las pruebas