San José, 27 abr (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua ha documentado 304 casos de torturas desde 2020 hasta la fecha en el país centroamericano, atribuidos al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

"Desde el 2020 hasta la fecha, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha brindado acompañamiento psicológico a 304 personas nicaragüenses exiliadas residentes en Costa Rica y otros países", víctimas de torturas y malos tratos, indicó esa ONG en la presentación -este martes- de su décimo informe contra la tortura.

Muchas de esas personas manifestaron haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, traslados a centros penitenciarios, estaciones policiales y centros clandestinos, donde habrían sufrido actos que vulneraron grave a su integridad física y mental, al violar derechos fundamentales como la libertad personal, la seguridad y la dignidad humana, aseguró el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, la iniciativa especializada del Colectivo.

En su informe, la ONG destacó que el Observatorio ha contribuido a visibilizar, ante la comunidad nacional e internacional, la existencia de una política represiva sostenida en el tiempo, basada en la detención arbitraria, la violencia estatal, el encubrimiento institucional y la utilización del miedo como mecanismo de control social por parte del Gobierno de Ortega y Murillo.

Identifican más de cuarenta métodos de tortura

Según la organización, basada en el testimonio de las víctimas, se lograron identificar al menos cuarenta métodos de torturas aplicados en Nicaragua contra personas presas políticas y víctimas de persecución, entre ellos violencia sexual, abuso sexual, tortura psicológica, golpizas, asfixias, choques eléctricos, quemaduras, aislamiento prolongado, privación de atención médica, amenazas contra familiares y simulaciones de ejecución.

Así mismo, el informe documentó con nombres y apellidos, cargos y hechos detallados a al menos 170 presuntos perpetradores intelectuales y materiales de esas torturas, principalmente vinculados a estructuras policiales, penitenciarias, paraestatales y autoridades estatales.

"Este acervo documental ha servido para evidenciar patrones de actuación, cadenas de responsabilidad y la evolución de la represión hacia nuevas expresiones como el destierro, la desnacionalización y la persecución transnacional, constituyendo además una base relevante para futuros procesos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición", explicó el Colectivo.

Según el documento, las denuncias recibidas reflejan la persistencia y sofisticación de mecanismos de control, castigo y persecución dirigidos contra personas consideradas opositoras al Gobierno, que son atribuidos a agentes estatales, cuerpos policiales y militares, así como a estructuras paraestatales, advirtió el Colectivo, que definió esas torturas como "crímenes de lesa humanidad".

Con todos los elementos planteados, el informe prevé aportar en la búsqueda de justicia de las víctimas y supervivientes de crímenes de lesa humanidad, como el encarcelamiento o detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada, el traslado forzado o destierro y la represión a través de la apatridia, indicó la ONG.

Para el Colectivo, esos delitos no solo podrían ser perseguidos por los demás Estados democráticos, sino también por la Corte Penal Internacional.

(c) Agencia EFE