La justicia cubana ha tomado medidas drásticas tras el violento incidente marítimo ocurrido la semana pasada. Este martes, la Fiscalía de Cuba acusó formalmente de “delitos de terrorismo” a seis personas, dictando de inmediato su detención preventiva.

Los hechos se derivan de un enfrentamiento en aguas jurisdiccionales donde fuerzas de seguridad cubanas interceptaron una lancha rápida. El operativo resultó en un saldo trágico: cuatro ciudadanos cubanos fallecidos y otros seis heridos. Según las autoridades, el proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales de los sobrevivientes en relación con la entrada ilegal y las actividades detectadas a bordo de la embarcación.

El Ministerio del Interior de Cuba anunció el tiroteo en el mar el pasado miércoles, acusando a los exiliados cubanos de abrir fuego contra una embarcación de la guardia fronteriza, diciendo que provenían de Estados Unidos con la intención de sembrar el caos y atacar unidades militares en la isla gobernada por los comunistas.

Cuba dijo que las fuerzas cubanas respondieron al fuego y arrestaron a los seis sobrevivientes.

No se dio ninguna actualización adicional sobre la condición de los detenidos heridos ni su paradero en un momento de tensiones crecientes entre Estados Unidos y Cuba. Washington ha detenido efectivamente todos los envíos de petróleo a la isla gobernada por los comunistas mientras exige cambios políticos y económicos.

Funcionarios cubanos han dicho que los supuestos infiltrados llegaron armados con casi 13.000 cartuchos de munición, 13 fusiles y 11 pistolas, mostrando las armas capturadas desde el estudio en un programa especial de televisión el viernes.

También mostraron imágenes de las embarcaciones, cada una con numerosos agujeros de bala del tiroteo que, según dijeron, ocurrió a una distancia de 20 metros (66 pies).

Cuba ha dicho que al menos dos de los detenidos ya habían sido incluidos previamente en una lista de acusados de terrorismo.

El fiscal Edward Robert Campbell dijo en el programa de televisión estatal el viernes, que los acusados enfrentaban una serie de posibles cargos, incluidos delitos asociados con actos terroristas.

Si son condenados, podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 a 15 años por los delitos menores y de 20 a 30 años —o incluso la pena de muerte— por los cargos más graves, dijo Campbell.

Políticos estadounidenses han expresado su escepticismo sobre la versión de los hechos presentada por Cuba, pidiendo investigaciones independientes. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que no se trató de una operación estadounidense y que ningún personal del Gobierno de EE.UU. estuvo involucrado.

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