No es un hecho aislado el reciente atentado que se presentó en el departamento del Cauca y que dejó 20 civiles muertos y decenas de heridos. Los últimos días han dejado múltiples ataques contra fuerzas de seguridad y objetivos estratégicos en el suroccidente de Colombia, territorio históricamente atravesado por la presencia de grupos armados ilegales.

"Esto no es un ataque aislado, no es nada nuevo", comenta a DW Elisabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, para quien los hechos deben verse dentro de una dinámica más amplia: "Es parte de una ola creciente de ataques" en el marco de la confrontación entre el Estado y las disidencias de las antiguas FARC.

Dickinson explica que el incremento de operaciones militares contra estas estructuras ha derivado en una respuesta violenta, en forma de ataques "asimétricos", los utilizados por el bando débil para combatir a un adversario superior evitando enfrentamientos directos. La experta alude al uso de drones con explosivos y de artefactos artesanales que "acaban afectando no sólo la infraestructura, sino también a la población civil". Porque, en muchos casos, los ataques son también indiscriminados.

El río Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta escalada. Allí se cruzan economías ilegales, rutas estratégicas y una presencia estatal débil. El resultado ha sido una espiral de disputas territoriales entre grupos armados, en medio de las cuales queda atrapada la población civil.

Estos ataques tienen una doble función, subraya Dickinson: "Mandar el mensaje de que ellos tienen la capacidad de perturbar" y generar "zozobra y terror en la población civil". Esta violencia, añade, "busca afianzar el control territorial y asegurar el acceso a economías ilícitas, en un contexto que se arrastra desde la firma del acuerdo de paz de 2016 y la posterior fragmentación del conflicto armado".

La escalada llega a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, cuando la seguridad se perfila como el tema que dominará el debate político.

Para Yann Basset, analista político y profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, el contexto electoral no es fortuito. Según él, existe "una voluntad de los grupos armados de influir en este contexto electoral, de hacerse notar, de mostrar su fuerza", señala en entrevista con DW. Este fenómeno, explica, es recurrente en Colombia, donde "tenemos estos picos de actividad terrorista en época electoral".

El efecto es palpable. La seguridad se ha afianzado como la principal preocupación de los votantes, lo cual podría incidir en las preferencias electorales y beneficiar a los sectores políticos que propugnan una línea más dura frente a los grupos armados, según Basset. El debate sobre la política de "paz total" del Gobierno actual se convierte en el eje central de la campaña.

Más allá del efecto inmediato, la violencia plantea desafíos estructurales para el Estado colombiano. La actual escalada es un reflejo de "una crisis de seguridad en expansión" que está "presionando cada vez más la estabilidad política del país", afirma en entrevista con DW Kristin Wesemann, directora de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. No supone un riesgo inmediato de quiebra institucional, pero sí pone de manifiesto un "deterioro progresivo del control estatal en diversas regiones".

Otro factor clave es el fortalecimiento de los grupos armados. Estos han logrado aumentar su potencial operativo y de captación de cuadros humanos, afianzando bastiones de dominio territorial que desafían el poder del Estado.

En el ámbito electoral, la violencia no sólo genera miedo, sino que puede impactar de manera directa en el proceso democrático. Wesemann advierte sobre el "constreñimiento electoral por parte de los grupos armados", que imponen reglas, restringen la movilidad e incluso determinan quién puede hacer campaña. Asimismo, la intimidación puede disuadir la participación ciudadana y alterar las condiciones de competencia política, muy especialmente en aquellas regiones donde el Estado tiene una presencia limitada.

En este contexto, el mayor desafío pasa por impedir que la crisis de seguridad se transforme en una crisis de legitimidad institucional. "Cuando el Estado no logra garantizar condiciones básicas de seguridad, se debilita la confianza en la democracia", señala Wesemann.

La actual ola de violencia no nace de la nada. Los expertos coinciden en que es fruto de una lucha que ha cambiado, pero no se ha extinguido. La fragmentación de los grupos armados después del acuerdo de paz, la expansión de economías ilegales y las limitaciones de las políticas de seguridad han contribuido a un escenario cada vez más complejo. Así, Colombia se enfrenta en vísperas de las elecciones a un doble reto: contener la violencia y garantizar la libertad y seguridad del proceso electoral.

(ms)