Una cerveza, una copa de vino, un mezcal y un aguardiente no ocupan el mismo lugar en la cultura mexicana. Tampoco cuestan lo mismo, ni se producen de la misma manera, ni tienen el mismo peso en el mercado. Pero cuando llegan al cuerpo comparten una misma sustancia: etanol. Esa diferencia entre lo que una bebida representa y lo que una bebida contiene está en el centro de una discusión fiscal que podría cambiar la manera en que México cobra impuestos al alcohol.

El debate parte de una pregunta sencilla, si el impacto del alcohol depende de la cantidad de etanol que se consume, ¿por qué el IEPS se calcula sobre el precio de la botella? Hoy, una bebida artesanal o de mayor valor puede pagar más impuestos que una opción industrial de menor precio, aunque ambas tengan una cantidad comparable de alcohol puro.

Con información de ENCODAT 2025, Euromonitor, IWSR, INEGI, OCDE y Moderniza IEPS, el tema cruza salud pública, recaudación, informalidad y supervivencia de pequeños productores.

En México, la categoría que domina el volumen no es el mezcal, ni el tequila, ni el vino. Es la cerveza. De acuerdo con los datos presentados por Moderniza IEPS, la cerveza concentra 93.9% del volumen del mercado de bebidas alcohólicas; los premezclados o RTD representan 2.4%; los destilados, 2.6%, y los vinos, 1.1%. Dentro de la cerveza, la concentración es todavía más marcada: la producción industrial representa 98.9% del mercado cervecero, mientras la cerveza artesanal apenas alcanza 1.1%.

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La lectura cambia cuando se entra al mundo de los destilados. Los aguardientes concentran 27.3% del volumen; el tequila, 25.1%; el whisky, 11.1%; el ron, 9.9%; y el mezcal solo 1.7%. El dato coloca al mezcal en una posición paradójica: es una de las bebidas más asociadas al origen, al territorio y a la identidad gastronómica mexicana, pero su presencia en el consumo interno sigue siendo mínima frente a productos industriales y de bajo precio.

Ese contraste importa porque el sistema fiscal actual no solo grava alcohol: también termina incidiendo en qué bebidas pueden competir, cuáles se encarecen y qué productores tienen más margen para permanecer en la formalidad.

Uno de los conceptos clave para entender el debate es el de “trago estándar”. La NOM-142-SSA1/SCFI-2014, citada en los materiales técnicos, permite comparar bebidas distintas a partir de una misma medida: el alcohol puro que contienen. Bajo esa lógica, una cerveza de 330 mililitros al 5%, una copa de vino de 140 mililitros al 12%, un cóctel de 43 mililitros al 38%, un whisky de 40 mililitros al 40% y un mezcal de 40 mililitros al 40% pueden contener 16 mililitros de alcohol puro.

La idea no busca borrar las diferencias culturales, productivas o gastronómicas entre categorías. Sirve para algo más práctico, que el consumidor entienda que el cuerpo no procesa prestigio, precio ni relato de origen; procesa etanol. Por eso, medir el consumo solo desde la categoría puede ser engañoso. Lo que importa es cuánto alcohol puro se ingiere, con qué frecuencia, en qué contexto y bajo qué condiciones.

Los datos de ENCODAT 2025 muestran que el consumo de alcohol no se mueve en una sola dirección. En población de 12 a 65 años, 73.7% reportó haber consumido alcohol alguna vez en la vida, frente a 71% en 2016. Sin embargo, el consumo en el último año bajó de 49.1% a 46.1%, y el consumo en el último mes pasó de 35.9% a 30.9%. El consumo excesivo en el último año también disminuyó: de 33.6% en 2016 a 29.2% en 2025.

En adolescentes, la reducción es más visible. Entre la población de 12 a 17 años, el consumo alguna vez en la vida pasó de 39.8% a 33.9%; el consumo en el último año, de 28% a 17.8%; y el consumo excesivo en el último año, de 15.2% a 6.3%.

Estos datos no eliminan el problema, pero sí ayudan a afinar la conversación. La prevención no puede reducirse a una advertencia genérica. Debe hablar de menores de edad, embarazo y lactancia, conducción, medicamentos, consumo excesivo y respeto al no bebedor. También debe dar herramientas concretas para que una persona pueda medir mejor lo que toma.

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Hoy, las bebidas alcohólicas pagan IEPS con tasas diferenciadas según su graduación: 26.5% para bebidas de hasta 14° GL; 30% para más de 14° y hasta 20° GL; y 53% para bebidas de más de 20° GL. A esa carga se suman el IVA y, en algunos casos, impuestos estatales. El punto crítico está en la base de cálculo: el IEPS se determina sobre el valor de la bebida, no directamente sobre la cantidad de alcohol puro que contiene.

En términos fiscales, esto se conoce como un esquema ad valorem: se cobra una proporción del precio. La alternativa que se plantea es un esquema ad quantum o específico, donde el impuesto se calcularía con base en una unidad medible, en este caso el contenido alcohólico.

La diferencia no es menor. Bajo el modelo actual, el precio de una botella puede pesar más que su contenido de alcohol. Por eso una bebida artesanal, con altos costos de producción y menor escala, puede terminar con una carga fiscal más pesada que una bebida industrial de bajo precio y alta graduación.

Por eso una bebida artesanal, con altos costos de producción y menor escala, puede terminar con una carga fiscal más pesada que una bebida industrial de bajo precio y alta graduación

El mezcal es el ejemplo más claro de esa distorsión. Según los documentos de Moderniza IEPS, aunque representa solo 1.7% del volumen de destilados, contribuye con más de 1,400 millones de pesos en IEPS. En contraste, el aguardiente representa 27.3% del volumen de destilados y aporta 774.71 millones de pesos, con un IEPS estimado de 9.9 pesos por cada litro vendido.

La comparación revela el choque entre dos modelos. Los aguardientes aparecen descritos como productos industriales, de bajo precio y alta graduación, con 26° GL en promedio. El mezcal, en cambio, se presenta como un producto ancestral, artesanal y con altos costos de producción. En los ejemplos técnicos, una presentación de aguardiente de 960 mililitros tiene un precio promedio de 33 pesos, mientras una botella de mezcal de 750 mililitros se ubica en 750 pesos.

Ahí está el nudo del debate: el impuesto no solo está cobrando alcohol, también está cobrando la forma en que se produce. Y cuando una bebida cuesta más porque requiere tiempo, mano de obra, materia prima, territorio y escala limitada, el IEPS puede convertirse en un obstáculo para su crecimiento.

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La discusión fiscal no se entiende sin el mercado informal. El estudio de Euromonitor sobre bebidas alcohólicas en México señala que, desde 2014, la industria ha generado información para entender este fenómeno y aportar datos que permitan apoyar a pequeños productores dentro de un marco legal.

El alcohol informal no es una sola categoría. Puede incluir falsificación, adulteración, contrabando, evasión fiscal, producción sin registro, robo, sustitutos no aptos para consumo humano y bebidas que no cumplen con la normativa. También contempla a pequeños productores no registrados, cuya elaboración puede seguir prácticas culturales y artesanales, aunque opere fuera del marco regulatorio.

El tamaño del problema es considerable. De acuerdo con los datos citados por Moderniza IEPS, México ocupa el primer lugar de América y el octavo del mundo en tamaño de mercado ilegal. La ilegalidad se estima en 55.7 mil millones de pesos, equivalente a 196.5 millones de litros al año, con una pérdida anual por IEPS no recaudado de 19.5 mil millones de pesos para 2023.

Euromonitor también reporta que el mercado informal de bebidas alcohólicas destiladas creció 1.7 puntos porcentuales entre 2020 y 2023, al pasar de 42.5% a 44.2% del mercado de destilados. Entre sus recomendaciones están fortalecer la educación al consumidor, simplificar procesos de normalización y pago de impuestos para Pymes, y reforzar fiscalización e inspección en aduanas.

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La modernización planteada por Moderniza IEPS propone cambiar el criterio de cobro. En lugar de calcular el impuesto a partir del precio, se plantea establecer un esquema ad quantum que grave a todas las bebidas alcohólicas por su contenido de alcohol, con una cuota única de 1.68 pesos por cada grado alcohólico.

La propuesta también contempla solicitar estímulos fiscales para pequeños productores de bebidas alcohólicas y cerveza, con un límite de 10,000 litros de alcohol puro. En ese esquema, el crédito fiscal sería equivalente a 90% de la cuota ad quantum del IEPS causado en el mes, dirigido a contribuyentes formales y con candados para evitar abusos mediante planeación fiscal.

El argumento central es que el impuesto debería estar alineado con la lógica sanitaria: si el riesgo del consumo nocivo depende del alcohol puro que llega al cuerpo, el cálculo fiscal tendría que mirar esa misma unidad. No la marca, no el empaque, no el prestigio de la categoría, sino el contenido de etanol.

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Para quien compra una botella, el debate parece técnico hasta que llega al precio. Bajo un esquema por contenido alcohólico, algunas bebidas artesanales podrían reducir su carga fiscal, mientras productos de bajo precio y mayor contenido alcohólico podrían enfrentar un cobro más proporcional a su impacto potencial.

El cambio también podría tener efectos sobre la formalización. Si el sistema fiscal reconoce mejor la escala de pequeños productores, algunas categorías tendrían más incentivos para operar dentro del marco legal. Y si el impuesto se vuelve más claro para el consumidor, también podría ayudar a distinguir entre precio, graduación, calidad, origen y riesgo.

El IEPS a bebidas alcohólicas no es solo una discusión de contadores, productores o autoridades fiscales. Es una conversación sobre cómo México entiende el alcohol: como producto de consumo, como riesgo sanitario, como fuente de recaudación, como patrimonio cultural y como industria.