Bajo la consigna "Tariquía no se toca, la vida se defiende", más de un centenar de organizaciones nacionales, 11 organismos internacionales y 70 activistas de derechos humanos denuncian, a través de un manifiesto conjunto, la "violencia estructural y sistemática" ejercida en Bolivia contra los defensores de las comunidades de Tariquía, territorio amenazado por proyectos de hidrocarburos desde hace más de una década.

"Se trata de mecanismos judiciales, administrativos y políticos que generan presión, desgaste y criminalización, desincentivando la protesta y la defensa del territorio", explica a DW Eduardo Franco, cofundador de la Red Ambiental de Información (RAI) Bolivia.

Actualmente, cerca de una veintena de estos defensores enfrentan dos procesos penales, por lo que las organizaciones bolivianas recalcan que "defender la Madre Tierra no es un delito" y recuerdan que estas acciones violan el Acuerdo de Escazú, tratado regional que el país ratificó y que entró en vigor en 2021.

"Bolivia tiene la obligación jurídica de proteger a las personas defensoras del ambiente y garantizar participación y acceso a la información. No es una declaración simbólica, es un compromiso vinculante", afirma a DW Carmen Capriles, coordinadora general de la organización boliviana Reacción Climática.

No obstante, "aún no se ha aprobado un reglamento nacional específico que desarrolle de manera integral sus mecanismos de implementación, defina con claridad las responsabilidades institucionales y establezca protocolos efectivos de protección, lo que ha generado vacíos normativos y limitaciones en su aplicación práctica", lamenta Franco.

"Cuando comunidades o defensores cuestionan proyectos de hidrocarburos, dejan de ser vistos como actores legítimos de participación y pasan a ser considerados un problema para la agenda económica del Estado", alerta, por su parte, Capriles.

En este sentido, "la reactivación de las exploraciones se da en un contexto de crisis del sector hidrocarburífero boliviano, con caída de reservas y de ingresos por exportación de gas, lo que ha llevado al Estado a intensificar la búsqueda de nuevos yacimientos", apunta Franco.

Por este motivo, en el comunicado conjunto, las organizaciones bolivianas hacen un llamado a la comunidad internacional para vigilar las acciones del Estado boliviano, al que reclaman, junto al Poder Judicial, la anulación de los procesos penales contra los defensores judicializados, la salida inmediata de la empresa Petrobras y de la fuerza pública de la Reserva de Tariquía y una revisión del Plan de Manejo 2015/2025 y de todas las licencias ambientales emitidas para los bloques San Telmo, Astilleros y Churumas.

"La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía fue creada mediante Decreto Supremo Nº 22277 el 2 de agosto de 1989 y elevada a rango de Ley Nº 1328 el 23 de abril de 1992", puntualiza a DW Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo de Bolivia.

Situada en las provincias O’Connor, Arce y Gran Chaco del departamento de Tarija, cuenta una superficie aproximada de 246.870 hectáreas. "Su creación respondió a la necesidad de proteger ecosistemas representativos de yungas y bosque tucumano-boliviano", añade Callisaya.

"Es un área protegida de nivel nacional, la única que es reserva de fauna y flora", añade a DW Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). "Es refugio de especies claves y amenazadas de flora y fauna, como el oso Jucumari, la única especie de oso que tenemos en Sudamérica", agrega el director de RAI Bolivia.

Igualmente, todos los especialistas consultados por DW coinciden en destacar la importancia de en su regulación y recarga hídrica para los ríos Tarija y Bermejo "en una región caracterizada por limitaciones en la disponibilidad de recursos hídricos", recalca el Defensor del Pueblo de Bolivia, quien remarca, además, su relevancia social debido al derecho de la población a gozar de un medio ambiente sano y a participar en cuestiones que les afecten.

"A pesar de ello, las decisiones políticas que se tomaron desde el 2015, se orientaron a priorizar proyectos extractivos que alimenten el modelo basado en exportación de materias primas", lamenta Campanini, subrayando que, desde entonces, se promueven cambios que incrementan la vulnerabilidad de territorios indígenas y áreas protegidas.

Con el Decreto Supremo 2366 de 2015, se autorizaron actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas, bajo el argumento de interés nacional y con el requisito de cumplir procedimientos ambientales específicos. "Este decreto abrió formalmente la puerta para que bloques superpuestos a áreas protegidas, como en el caso de Tariquía, pudieran avanzar en procesos exploratorios", critica Franco.

"Desde entonces, los gobiernos han aprovechado este esquema para profundizar y consolidar proyectos en zonas donde antes no podría realizarse este tipo de actividades", agrega el investigador del CEDIB, recordando que, en 2021, se lanzó el Plan de Reactivación del Upstream, "donde se toma la decisión política de avanzar sobre Tariquía, a pesar de toda la resistencia previa a razón de que existen compromisos con las empresas transnacionales, en este caso Petrobras".

No obstante, fuentes de la compañía aseguran a DW que "actualmente, Petrobras Bolivia no está realizando ninguna operación relacionada con el proyecto". Sin embargo, dichas fuentes reconocen que "Petrobras Bolivia tiene un contrato de servicios petroleros firmado con YPFB para la exploración del Área San Telmo Norte, donde se ubica el proyecto de perforación del Pozo DOMO OSO-X3, localizado fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía".

Dichas fuentes apuntan que "para atender las actividades necesarias para la obtención de la licencia ambiental, en 2025 Petrobras Bolivia realizó el levantamiento de información sobre diversidad ambiental, ecológica e hidrológica, que fundamenta el Estudio de Impacto Ambiental, lo que permitió la realización de la Consulta Pública y la posterior obtención de la Licencia Ambiental para el proyecto".

Asimismo, aseguran que, "desde agosto de 2023, mantenemos un diálogo permanente con líderes y habitantes de las localidades situadas en el área de influencia, con el fin de socializar el proyecto y su alcance, destacando el estricto respeto a la legislación ambiental boliviana".

(ms)