El 31 de marzo, la Fiscalía General de Colombia suspendió las órdenes de captura contra 23 de los más peligrosos cabecillas de bandas criminales y del narcotráfico recluidos en varias cárceles del país por petición del Gobierno del presidente Gustavo Petro, para nombrarlos como “gestores de paz” en el marco de la llamada política de “paz total”.

La Ley 2272 de 2022 faculta al presidente de la República para solicitar el levantamiento de medidas judiciales contra miembros de estructuras armadas con el fin de avanzar en diálogos de paz. Sin embargo, la designación de cabecillas de grupos como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC como gestores de paz ha sido interpretada por diversos sectores políticos y de opinión como un desafío al principio de legalidad y justicia.

Este martes, la fiscal general Luz Adriana Camargo dijo a Caracol Radio que se revocó la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura por algunas inconsistencias en el trámite presentado por la oficina del alto comisionado de paz.

“La Fiscal General de la Nación acaba de anunciar que deroga parcialmente la resolución en la que se levantaban órdenes de captura en contra de 23 criminales en Medellín. Saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos. Quedan 7 con el beneficio”, sostuvo en su cuenta oficial en X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

CNN contactó al Gobierno de Colombia para pedir una reacción tras conocerse la decisión de la Fiscalía, pero al momento no ha recibido una respuesta.

La base fundamental es la ley 2.272 de 2022, bajo la llamada política de “Paz Total”. Esta ley faculta al presidente de la República para solicitar la suspensión de órdenes de captura de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. La finalidad, según el Ejecutivo, es facilitar acercamientos, diálogos o negociaciones de paz. La ley no distingue entre personas procesadas en etapa de juicio y sin condena y personas condenadas. El objetivo político de la paz prima temporalmente sobre la ejecución inmediata de la pena según la norma vigente.

Cuando una persona ya está condenada, la suspensión de la orden de captura se da bajo una figura específica: ‘gestor de paz’. Esos gestores generalmente son miembros de grupos armados que tienen una condena. Se les suspende la ejecución de la pena para que realicen labores de mediación, facilitación o desmovilización. Es decir, siguen en prisión, pero podrán salir en algunas ocasiones, si así lo decide el Gobierno y previa autorización de un juez, para ayudar en el propósito de desmovilizar a los miembros de sus grupos armados ilegales o asistir a reuniones propias del proceso de paz.

El lunes, Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia, una de las regiones en donde mayor influencia criminal tienen los llamados “gestores de paz”, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para suspender el beneficio solicitado por el Gobierno a personas que pagan condena por delitos graves. “¡Antioquia resiste! Radicamos acción de nulidad con medida cautelar en el Consejo de Estado, en Bogotá, contra la jugada de Petro y la Fiscal para liberar a los peores criminales del Departamento”, sostuvo el mandatario regional en sus redes sociales.

El Gobierno, a través de la Consejería Comisionada de Paz, sostiene que la paz es un derecho superior consagrado en la Constitución y que la presencia de estos actores en la mesa de negociación es estrictamente necesaria para el desmantelamiento de las estructuras criminales, y que en ningún momento implica la excarcelación de los cobijados con la resolución judicial. “Esta medida busca generar las condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz”, afirmó en un comunicado el pasado 31 de marzo la Consejería Comisionada de Paz.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se ha mostrado en desacuerdo con el nombramiento de personas en procesos judiciales y condenadas como “gestores de paz”.

“Hoy en Bogotá anunciamos que, gracias a la Fiscalía y a la Policía de Bogota, fueron capturados 23 miembros de la banda ‘El Mesa’, entre ellos 8 sicarios. Mientras tanto, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de captura por una negociación que no solo no tiene ningún resultado positivo, sino que es peligrosa e irresponsable. Es hora de dar la discusión: no más beneficios para delincuentes peligrosos que deberían estar en la cárcel”, sostuvo Galán en un pronunciamiento público.

El debate también ocupa a los candidatos presidenciales en Colombia, muchos de ellos han cuestionado la medida hecha efectiva por la Fiscalía. “Lo advertí desde el principio: Petro y Cepeda quieren quedarse en el poder a como dé lugar. Levantan órdenes de captura a los peores criminales en Medellín y buscan torcer las urnas con alianzas oscuras”, afirmó en su cuenta en X Abelardo De La Espriella, candidato presidencial por el movimiento político Firmes por la patria.

“La Corte ha sido clara en este tema: el Gobierno no manda a la Rama Judicial. Si bien puede solicitar la suspensión de las capturas, la Fiscalía mantiene la facultad de examinar la conveniencia de esa medida”, dijo en su cuenta en X este martes Paloma Valencia, candidata presidencial del partido de oposición Centro Democrático.

El candidato presidencial Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico, no se ha pronunciado públicamente sobre este tema. CNN ha solicitado a su campaña una reacción al respecto y está a la espera de respuesta. Cepeda ha sido una de las personas que más ha respaldado la política de paz total del Gobierno y uno de los promotores de la Ley 2272 de 2022 , que faculta al presidente para solicitar la suspensión de órdenes de captura a personas que adelanten un acercamiento de paz con el Gobierno.

Claudia López, candidata presidencial por el movimiento político Imparables, se unió al cuestionamiento de varios sectores políticos a la suspensión de órdenes de captura. “Rechazo la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad a 26 criminales de distintas bandas en Medellín, a solicitud del Gobierno Nacional en el marco de supuestos procesos de paz. Interpondré denuncias ante distintos entes de control por este abuso de las facultades presidenciales, que estaría permitiendo la liberación de criminales para que salgan a hacerle campaña política a su candidato”, sostuvo López.

A medida que avanzan lentamente las mesas de diálogo con diferentes grupos ilegales al margen de la ley, Colombia observa con cautela la falta de resultados tangibles de la política de paz total. El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del Gobierno para demostrar que estos gestores realmente están contribuyendo al desarme y no utilizando el beneficio para fortalecer su control territorial. Ya en 2025 la controversia había comenzado cuando el Gobierno designó a 16 exjefes paramilitares —incluyendo nombres como Salvatore Mancuso, “Jorge 40” y “Macaco”— como “gestores de paz”. En su momento, la Fiscalía General insistió en su postura de no ceder ante la suspensión indiscriminada de órdenes de captura, manteniendo vigentes las medidas contra cabecillas que no cumplen con los requisitos de ley o que pertenecen a estructuras sin estatus político reconocido.

En esta ocasión, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado públicamente sobre el debate político y jurídico que ha generado la petición de la Consejería Comisionada de Paz en el marco del proceso de “paz urbana” en ciudades como Bogotá y Medellín.

Todo esto ocurre en un año clave a nivel político para Colombia, en el que hay elecciones presidenciales. La primera vuelta electoral para elegir al reemplazo de Petro será el 31 de mayo. Si no hay un ganador con el 50 más 1 de los votos se realizará una segunda vuelta el 21 de junio. Petro estará en el poder hasta el 7 de agosto.

For more CNN news and newsletters create an account at CNN.com