En El Salvador se están celebrando juicios masivos contra unas 91.300 personas detenidas durante el estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele hace cuatro años como parte de su "guerra contra las pandillas".

Entre los que esperan juicio se encuentra Williams Díaz, detenido hace más de tres años cuando se dirigía a su trabajo de técnico de aire acondicionado. "Es inocente y será juzgado junto a delincuentes", se lamenta su madre, Gladis Villatoro.

Williams Díaz, de 35 años, es una de las más de 91.300 personas detenidas bajo el estado de excepción, vigente desde marzo de 2022. Su madre, Gladis Villatoro, teme que Williams, padre de un niño de 6 años, sea condenado en estos juicios masivos.

Díaz fue arrestado por soldados y llevado al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), la megaprisión símbolo de la guerra antipandillas de Bukele. En esta cárcel más de 10.000 presuntos pandilleros se encuentran hacinados en celdas superpobladas.

"Si condenan a uno, los condenarán a todos. Los inocentes pagarán por los culpables", dice Gladis Villatoro entre lágrimas, mientras prepara las tortillas que vende para ganarse la vida, a unos 20 kilómetros al este de la capital, San Salvador.

En ese mismo barrio, Reynaldo Santos, un panadero de 58 años, teme que su hijo Jonathan también pueda recibir una larga condena sin tener la oportunidad de defenderse.

Jonathan, un joven obrero de fábrica de 24 años, fue detenido en su casa mientras jugaba al videojuego Fortnite, lo que, según la Policía salvadoreña, indicaba una inclinación por las actividades de pandillas. Fue puesto en libertad en espera de juicio, pero, en cualquier momento, podría ser detenido de nuevo.

Jonathan y decenas de presos están acusados ​​de pertenecer a la Mara Salvatrucha, uno de los cárteles del crimen más temidos de Centroamérica. Williams, por su lado, está acusado de ser miembro de la pandilla rival Barrio 18. Sin embargo, ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

Cerca del 1,4% de la población salvadoreña está encarcelada sin el debido juicio, lo que representa un gran desafío logístico para los tribunales del país. La Fiscalía General ha prometido acelerar los juicios masivos que comenzaron en 2024. Estos juicios están envueltos en el secretismo y funcionan mediante acusaciones.

Las reformas aprobadas en el Congreso permiten realizar procesos penales masivos sin que sea necesario individualizar las responsabilidades de las personas acusadas. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su indignación por estos juicios, argumentando que la justicia colectiva viola el derecho de los acusados ​​a un juicio justo.

El vicepresidente Félix Ulloa, sin embargo, ha elogiado estos juicios masivos como "un enfoque innovador" para estos procesos. Ulloa afirmó que las sentencias variarían según el rango del acusado dentro de la presunta célula de la pandilla.

Pero las consecuencias para los acusados, en su mayoría provenientes de familias de bajos recursos, son muy graves. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aumentado la pena máxima para los "terroristas", el término que utiliza el Gobierno para referirse a los pandilleros, de 60 años a cadena perpetua, incluso para menores de edad.

El acceso a la información sobre los juicios es muy complicado pues los casos se mantienen bajo secreto de sumario. Los fiscales han agrupado a los detenidos según sus supuestas áreas de operación. "Existe una presunción de culpabilidad, no de inocencia", explica un abogado que defiende a 45 presos y que declaró bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Los juicios masivos son organizados tras las reformas de la ley salvadoreña contra el crimen organizado, que prohiben la individualización de la responsabilidad penal y eliminan las audiencias preliminares judiciales utilizadas para determinar si existen pruebas suficientes para llevar un caso a juicio.

Los procedimientos según uno de los abogados defensores "son una mera formalidad, una fábrica de condenas masivas". Antes de cada juicio, un miembro de una pandilla encarcelado, con el rostro oculto, testifica sobre los acusados ​y, a cambio, recibe una reducción de su condena, según varios abogados defensores.

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Las medidas del estado de excepción fueron aprobadas con 57 votos de 60 diputados que posee el Congreso, con el visto bueno del partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados, con lo que esta medida extraordinaria estará en vigencia al menos hasta el 27 de marzo.

Estas medidas, señaladas por violar derechos humanos, han dejado más de 6.400 denuncias por detenciones arbitrarias y torturas, además de 480 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según organizaciones humanitarias.