El acuerdo migratorio suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos, que habilita el envío semanal de hasta 25 personas al país, irrumpe en la agenda nacional con críticas desde el Congreso y defensas desde el Poder Ejecutivo.

Según informó la Presidencia de la República, el memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios es de carácter no vinculante y establece que Estados Unidos podrá proponer el traslado de personas extranjeras en condición migratoria irregular, mientras que Costa Rica mantiene la decisión final sobre su aceptación caso por caso.

El anuncio se dio tras la visita de Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas.

El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien dejará el cargo en mayo para que asuma la presidenta electa Laura Fernández, informó en un comunicado que la cifra de hasta 25 personas semanales podría ajustarse según las condiciones que determine Costa Rica. Las personas trasladadas recibirán una condición migratoria temporal, mientras se define su situación y eventual retorno a sus países de origen.

Según lo señalado por Casa Presidencial, el mecanismo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo protección para quienes enfrenten riesgos de persecución.

Asimismo, indicó que Estados Unidos cubrirá los costos asociados, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia en alojamiento y alimentación, “sin que represente un gasto directo para Costa Rica”, según el comunicado oficial.

Las autoridades subrayan también que el acuerdo “no genera obligaciones legales” para el país y que se mantendrá la “plena soberanía en la toma de decisiones”.

Al respecto un vocero de la OIM dijo a CNN que la organización “no participa en deportaciones desde Estados Unidos hacia Costa Rica”.

“Nuestro posible papel, cuando y si es solicitado por los gobiernos, se limita exclusivamente a brindar asistencia humanitaria a las personas una vez que han llegado al país de destino. Nuestra prioridad en todos los contextos es garantizar la seguridad, la dignidad y el bienestar”, agregó.

Las primeras reacciones desde la oposición apuntan a la falta de claridad en la implementación del acuerdo.

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, afirmó que “se requiere más transparencia y mecanismos de fiscalización”. Añadió que “no se especifica cómo se atenderán los migrantes de forma integral” y advirtió que “no se trata de ser depósito de seres humanos ni eslabón dentro de una dinámica migratoria que no es de Costa Rica”.

Por su parte, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio dijo a CNN que “no se garantizan los derechos de la persona migrante” y cuestionó la legalidad del proceso. “Nos pone a cuidar procedimientos cuya legalidad no está clara”, enfatizó la legisladora.

También advirtió que el país podría verse involucrado en una política ajena y expresó preocupación por el uso de recursos nacionales y la falta de sustento legal.

La jefa de fracción Pilar Cisneros defendió el acuerdo como una medida de cooperación internacional, una solicitud de colaboración de Estados Unidos, “en vista de la gran colaboración que ese país nos da”, puntualizó.

La legisladora aseguró a CNN que se trata de una respuesta a la saturación del sistema migratorio estadounidense. “Costa Rica está atendiendo una solicitud de ayuda de los Estados Unidos (…) lo que quieren es devolver a esas personas a sus países de origen lo antes posible”, dijo la diputada.

Explicó también que las personas trasladadas no vienen en calidad de refugiados, ni se trata de delincuentes y aseguró que no estarán detenidas y podrían alojarse en hoteles así como movilizarse libremente por el territorio nacional”. Insistió en que es un acuerdo no vinculante que Costa Rica puede deshacer en cualquier momento.

La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, quien asumirá la presidencia el 8 de mayo, defendió el acuerdo como parte de una alianza estratégica con Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, afirmó que Costa Rica es socia en una alianza y que “cuando hay una alianza se persiguen objetivos comunes, como la paz en el hemisferio y el combate al crimen organizado”.

Destacó beneficios de la cooperación bilateral, incluyendo operativos conjuntos, patrullaje marítimo y apoyo tecnológico. Sobre el traslado de migrantes, subrayó que es solamente un convenio si se llega a necesitar y que Costa Rica mantiene control total.

“Costa Rica tendría toda la potestad de decir estas personas no, estas nacionalidades no”, dijo Fernández.

Añadió que se trata de personas de núcleos familiares en condición irregular que deben regresar a su país de origen y reiteró que el Gobierno de Estados Unidos cubrirá todos los costos a través de la OIM, calificando el acuerdo como “una alianza ganar-ganar”.

En un recorrido realizado por CNN, ciudadanos consultados expresaron opiniones divididas tras conocerse el acuerdo. Guillermo Chacón, pensionado, consideró que no sería tan malo, siempre que sea gente que realmente necesite y venga a aportar y no a pedir a las calles”.

Isabel Sánchez, empresaria, manifestó su rechazo, indicando que no le parece porque “ya tenemos una crisis migratoria y la situación del país no está para eso”.

Añadió que, aunque reconoce el apoyo estadounidense,“igual es una carga”.

Por su parte, Marcos Alfaro, trabajador en seguridad, dijo que está bien, pero no todos, porque “algunos vienen a trabajar y otros a robar”.

Esta no es la primera vez que Costa Rica recibe migrantes deportados desde Estados Unidos. En febrero de 2025, dos vuelos con unas 200 personas en total, de distintas nacionalidades, llegaron al país como parte de procesos de repatriación.

El nuevo acuerdo formaliza un mecanismo que podría operar de manera continua, aunque sujeto a la decisión soberana de Costa Rica en cada caso, insistió el Gobierno.

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