El anuncio cayó como un balde de agua fría entre los chilenos. El Gobierno de José Antonio Kast anunció la noche del 23 de marzo una modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la herramienta con la que el Estado estabiliza el valor de los combustibles ante alzas muy bruscas. La decisión derivará en un aumento, a partir del jueves 26 de marzo, de casi el 30 por ciento en el precio de la gasolina y de poco más del 60 por ciento en el caso del diésel.

Se trata de un duro golpe al bolsillo de los chilenos, que la Moneda espera amortiguar con subsidios a los taxistas, congelamiento de las tarifas del transporte público y de los precios de la parafina (muy usada para calefaccionar casas en invierno), además de facilitar el acceso a créditos para comprar vehículos eléctricos, entre otras medidas.

El problema del alza del precio del petróleo, suscitado por la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, golpea a toda América Latina. México anunció estímulos fiscales para impedir que el costo se traspase totalmente a los usuarios, mientras que, a mediados de marzo, Brasil informó de la eliminación del impuesto federal al diésel y un gravamen a la exportación de crudo, en un intento por mantener estables los precios en el mercado interno.

Ecuador optó por focalizar subsidios en los sectores menos acaudalados de la población, mientras que Bolivia anunció que los precios de los combustibles, que ya subieron fuertemente en 2025, no volverán a aumentar por lo menos hasta mediados de año.

"El margen de acción depende de la situación de cada país, pero no se trata de medidas que puedan permanecer en el tiempo", dice a DW Francisco Eggers, profesor de Política y Desarrollo Económico de la Universidad Católica de La Plata (Argentina).

"Los gobiernos de la región suelen tener tres caminos: subsidios, reducción de impuestos o traslado del alza al consumidor. Ninguno es gratis. Si subsidian, deterioran las cuentas fiscales; si trasladan el aumento, alimentan la inflación y el conflicto social; si reducen impuestos, sacrifican recaudación", explica a DW el economista y exmiembro del directorio del Banco Central de Bolivia, Bismarck Arevilca.

Para el experto boliviano, las soluciones como las ofrecidas por Chile "tienen sentido como respuesta de emergencia, pero no como solución permanente". Esto, señala, se debe a que si bien "ayudan a amortiguar el shock, proteger ingresos y evitar que el alza del petróleo se traduzca rápidamente en mayores tarifas de transporte e inflación, a largo plazo generan carga fiscal, distorsionan los precios, debilitan los incentivos a la eficiencia energética y se vuelven difíciles de retirar".

Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, detalla a DW que "mecanismos como rebajar impuestos o aplicar subsidios son factibles, pero dependen de la disponibilidad de recursos, los aspectos legales que implica su aplicación y principalmente hasta dónde llega el efecto de esta inestabilidad internacional en cada una de las economías".

Para el académico chileno, cada país sabe que el alza en los precios del petróleo conlleva costos "que no solo llegan a los combustibles, sino a las cadenas de alimentación, distribución y logística". Previendo que estos escenarios pueden ocurrir, los presupuestos nacionales suelen contar con respuestas de emergencia y por ello "los países cuentan con mecanismos, como fondos de estabilización, rebajas de impuestos o compensaciones tributarias" para ayudar a mitigar los efectos de las alzas.

Arevilca, por su parte, advierte precisamente del riesgo inflacionario que aparece en escenarios económicos como el actual y, por cierto, el peligro de que las arcas fiscales se vean ahogadas. "Los gobiernos que subsidian combustibles deben gastar más para sostener precios internos", recuerda. Además, "los países importadores necesitan más divisas para comprar energía, y eso presiona la balanza comercial, el tipo de cambio y las reservas".

El académico concede que mantener congelados los precios "crea una aparente estabilidad en el corto plazo, porque el consumidor no ve un aumento inmediato, pero acumula un costo silencioso en las cuentas estatales" que, remarca, en su país se convierte de inmediato en déficit fiscal.

Francisco Eggers piensa que las medidas adoptadas hasta ahora asumen que el shock será transitorio. "Si no lo fuera, habría que adaptar gradualmente los precios relativos. Pero si es transitorio, puede ser útil la combinación de medidas fiscales y control de precios, cuidando que no provoque distorsiones muy grandes o que tengan efectos nocivos en el mediano o largo plazo".

"El riesgo es que una medida pensada para contener el impacto coyuntural termine convirtiéndose en una rigidez estructural", dice Arevilca.

"Los subsidios deben ser de emergencia, no pueden ser permanentes, porque incurrirían en un gasto fiscal que no está en los presupuestos. Por eso es importante explicitar que esto tiene fecha de comienzo y fecha de término", recomienda Berríos, porque, aunque suene de Perogrullo, "los recursos para subsanar inestabilidades transitorias son precisamente eso, transitorios".

(ms)