La decisión del Gobierno de Colombia de imponer un arancel de 35% a importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos ya encendió las alertas en el sector constructor.

LaCámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que la medida elevará los costos de producción de vivienda y podría trasladarse directamente al precio final para los hogares.

El impacto,según el gremio, sería el aumento del precio de la vivienda de alrededor del 2,2%, en un contexto en el que la actividad edificadora ya completa 33 meses consecutivos de caída.

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La preocupación de Camacol se explica por el peso que tienen estos insumos en la estructura de costos.El hierro y el acero representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, por lo que un incremento arancelario de hasta 35% podría encarecer este componente en 3,9%.

Ese aumento, advierte el gremio, terminaría trasladándose al comprador final, afectando especialmente a quienes buscan acceder a vivienda en un mercado ya presionado por el alza de costos.

“¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, cuestionó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

El pronunciamiento del gremio se da en medio de un panorama complejo. De acuerdo con Camacol, el sector construcción no solo acumula casi tres años de caída en iniciaciones de vivienda, sino que además ha perdido más de 136.000 empleos y enfrenta un aumento acumulado en costos de entre 16% y 20%.

En ese contexto, la medida también genera dudas frente a su coherencia con la política de vivienda, especialmente cuando el Gobierno discute cambios enlos topes de precios de la vivienda de interés social (VIS).

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El decretoestablece un arancel de 35% para 14 subpartidas de productos siderúrgicos y metalmecánicos provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales.

Entre los productos afectados están las barras de acero, alambres y alambrón; tubos soldados; clavos, puntillas y grapas y tornillos y manufacturas de alambre.

Dicha medida entraría en vigencia el 1° de abril y tendría una duración inicial de un año.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido la decisión como una forma de proteger la industria siderúrgica nacional frente al aumento de importaciones desde países como China, Rusia, Turquía e India.

Sin embargo, desde el sector constructor advierten que la medida podría generar un efecto contrario al esperado en materia económica y social.

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Mientras la industria del acero busca protección, la construcción —que genera más de un millón de empleos directos en el país— podría ver afectada su dinámica, con consecuencias sobre el acceso a vivienda.

En ese escenario, el aumento en los costos de materiales no solo impactaría a las empresas, sino también al bolsillo de los hogares, en un momento en que adquirir vivienda ya es más difícil para miles de colombianos.