El acceso efectivo a los derechos reproductivos muestra diferencias regionales importantes en México.

Aunque algunos estados han avanzado en la despenalización del aborto en sus legislaciones locales, todavía existen nueve de 32 entidades donde este derecho no está plenamente garantizado.

La Ciudad de México fue la primera en despenalizar el aborto en 2007, marcando el inicio de un proceso de reformas legislativas que se aceleró especialmente a partir de 2019.

Durante la última década, varios estados modificaron sus Códigos Penales para permitir la interrupción legal y voluntaria del embarazo.

Entre ellos destacan Oaxaca en 2019, así como Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima en 2021. Posteriormente, otras entidades como Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo se sumaron en 2022, ampliando el mapa de estados donde el aborto dejó de ser un delito.

El proceso continuó en años recientes con reformas en Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas y el Estado de México durante 2024, y más recientemente en Nayarit, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Tabasco en 2025.

A pesar de estos avances, todavía nueve estados del país no han modificado sus legislaciones para garantizar plenamente este derecho.

Aún con el fallo de la máxima corte que dicta que el aborto no puede ser penalizado, es fundamental que cada estado legisle en aras de despenalizar y garantizar este derecho a todas las mujeres de manera legal, segura y gratuita.