La suspensión por nueve meses del partido izquierdista Revolución Ciudadana es "un intento" del mandatario Daniel Noboa de "eliminar en las urnas" a su principal opositor, dijo el martes a la AFP Gabriela Rivadeneira, presidenta de la organización.

En la práctica la inhabilitación temporal implica que el partido afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) no podrá inscribir en octubre a sus candidatos para las elecciones de autoridades locales, como alcaldes y prefectos, que se celebrarán en febrero de 2027.

El fallo dictado el viernes "es insólito", dijo Rivadeneira en una entrevista telefónica.

La resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) "es un mandato de Daniel Noboa para eliminar de las urnas a la organización política más grande de este país, que sabe además que le va a disputar con los mejores resultados en los próximos comicios", agregó.

En un intento por frenar la sanción, la agrupación política presentó un pedido de revocatoria del fallo. El proceso contra la Revolución Ciudadana se originó por una investigación judicial por el supuesto delito de delincuencia organizada.

"Hay una serie de irregularidades en el proceso", anotó Rivadeneira, al señalar que no han sido notificados de una investigación judicial en contra de la organización.

La Fiscalía investiga en el denominado caso Caja Chica a la excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, por supuestamente recibir financiamiento desde Venezuela para una de sus campañas.

"El juez podría suspender la organización política hasta por 24 meses, pero lo hace por nueve, con el objetivo único de evitar que logremos inscribir nuestras candidaturas", aseguró Rivadeneira.

En caso de no poder levantar la sanción, la organización buscará alianzas con otros movimientos políticos.

El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, condenó el martes en un comunicado la suspensión temporal del partido.

Anotó que la suspensión "coincide con el lanzamiento por parte de la administración Trump de una alianza de presidentes latinoamericanos de derecha".

La CONAIE, la mayor organización indígena de Ecuador y fuerte opositora del correísmo, lo consideró "un hecho grave que debilita el pluralismo político".

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