Por Laura Almirall, Representante de ACNUR en el Perú.

El Perú siempre ha sido un país construido a partir de distintas culturas, historias y tradiciones. Un país que, a lo largo del tiempo, ha sabido abrir espacio a quienes llegaron desde otros lugares buscando una oportunidad o un lugar seguro para rehacer sus vidas. Esa capacidad de tender la mano al otro forma parte también de su historia.

Este miércoles, mientras conmemoramos un año más el Día Mundial del Refugiado, esa solidaridad vuelve a ponerse a prueba.

Más de 1,6 millones de venezolanos desplazados viven actualmente en el Perú. La gran mayoría salió de su país debido a la crisis económica, la inestabilidad política y el deterioro de la situación de seguridad y derechos humanos. Detrás de esa cifra hay madres que buscan estabilidad para sus hijos, jóvenes que quieren estudiar y personas que emprenden, trabajan y luchan por empezar de nuevo con dignidad.

En medio de un contexto global cada vez más polarizado, donde la desinformación y los prejuicios tienden a imponerse sobre los hechos, resulta necesario recordar algo esencial: la inclusión no solo beneficia a las personas refugiadas. También favorece al Perú.

Ese es el mensaje central de Solidaridad +51, la campaña que acabamos de lanzar desde ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en el Perú. El nombre no es casual. El +51 es el prefijo telefónico del país, pero también remite a 1951, año en que se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tratado internacional que este año cumple 75 años. La campaña busca reconocer una característica profundamente peruana: la solidaridad hacia quienes tuvieron que dejar su hogar.

Pero también busca poner sobre la mesa una conversación basada en evidencia.

Durante años, hablar sobre personas refugiadas estuvo asociado casi exclusivamente a la emergencia y la asistencia. Como si solo fueran receptoras pasivas de ayuda y no actores que contribuyen de manera proactiva al país que las recibe. El desafío este miércoles es construir sociedades más cohesionadas e inclusivas, donde quienes llegan puedan aportar plenamente con sus capacidades y talento.

Y la evidencia demuestra que hacerlo tiene beneficios concretos para el país.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Banco Mundial y ACNUR, entre 2018 y 2022, el Perú obtuvo un retorno de 2,6 soles por cada sol invertido en favorecer la integración de personas venezolanas. No se trata únicamente de cifras fiscales. Se trata de personas que dinamizan la economía, generan consumo, pagan impuestos, cubren vacíos en el mercado laboral y crean emprendimientos que también generan empleo para peruanos.

La Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con apoyo de ACNUR y el Banco Mundial, muestra que el 95% de las personas venezolanas en edad de trabajar tiene empleo, aunque la mayoría aún lo hace en condiciones de informalidad. Ese dato refleja tanto su voluntad de salir adelante como un desafío pendiente para el país: facilitar procesos de inclusión laboral que permitan aprovechar mejor ese potencial humano.

Porque excluir tiene costos. Integrar genera oportunidades.

Cuando una persona refugiada logra acceder a documentación, educación, salud o empleo formal, no solo mejora su propia vida. También fortalece a la comunidad que la recibe. Un joven que puede continuar sus estudios aporta conocimiento y productividad. Una madre que logra emprender genera ingresos y empleo. Un trabajador formal contribuye al sistema tributario y a la economía local.

Eso ya ocurre todos los días en ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, Tacna o Tumbes. Personas refugiadas trabajan en restaurantes, hospitales, universidades, talleres, comercios y empresas peruanas. Otras impulsan pequeños negocios, desarrollan proyectos tecnológicos o destacan en espacios académicos y deportivos.

Historias como la de Yuliveth Jardín, estudiante venezolana de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería, quien ya ha representado al Perú en competencias internacionales de robótica, muestran el enorme potencial que puede florecer cuando una persona encuentra una oportunidad.

Sin embargo, persisten barreras importantes.

La pobreza, la informalidad, las dificultades para acceder a documentación y servicios siguen afectando a miles de familias refugiadas. Aunque muchas enfrentan condiciones similares a las de la población peruana, suelen estar más expuestas a la pobreza por la precariedad laboral y la falta de redes de apoyo. Esta realidad demuestra que la integración también depende del acceso a servicios, protección y oportunidades para reconstruir una vida con estabilidad.

Por eso, hablar de solidaridad este miércoles no significa únicamente hablar de empatía. Significa también hablar de desarrollo, cohesión social y futuro.

En un contexto donde el Perú enfrenta desafíos económicos y sociales complejos, apostar por la inclusión no es un gesto simbólico ni un acto de caridad. Es una decisión inteligente. Una inversión en estabilidad, productividad y convivencia.

Las sociedades más fuertes no son aquellas que levantan barreras frente a quienes llegan, sino las que son capaces de integrar talento, diversidad y nuevas oportunidades.

Hace 75 años, el mundo creó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados para proteger a quienes se vieron obligados a huir. Este miércoles, ese compromiso sigue vigente. Y el Perú tiene la oportunidad de seguir demostrando que el +51 no es solo un código telefónico: es también el símbolo de un país solidario que entiende que, cuando una persona refugiada encuentra una oportunidad, todos ganamos.