"Que el Parlamento Europeo ponga el foco en el caso de mi padre, de Salvadora y de los demás presos políticos es importante. Incluso en medio de un contexto internacional sumamente complejo y saturado de conflictos, demuestra que el mundo no se ha olvidado de Nicaragua”, comenta a DW Thelma Brenes.

La falta de información sobre el estado de salud del excoronel Brenes y su esposa, Salvadora Martínez, así como la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del Estado después de 32 meses de desaparición forzosa en prisión, motivaron un debate y una resolución de condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La resolución acordada por una amplia mayoría -conservadores, socialdemócratas, liberales y ecologistas- es clara en la condena a la represión, al destierro, al cierre de organizaciones de la sociedad civil. Y es clara también en pedir la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación que tiene la Unión Europea con Centroamérica.

"Siempre volvemos a criticar que la cláusula democrática, elemento nuclear de los tratados comerciales, no se active”, explica a DW Anna Cavazzini, ponente de la resolución por la bancada ecologista. "Pedimos que se active en el caso de Nicaragua para dejar claro que el régimen de Ortega-Murillo ha quebrantado todas las reglas y que en la Unión Europea estamos muy atentos”, sigue Cavazzini.

A este respecto, cabe recordar que, en anteriores ocasiones, la UE sí ha retirado preferencias arancelarias (Myanmar, 1997; Sri Lanka, 2010) por incumplimiento de convenciones fundamentales de la ONU (derechos civiles, políticos, tortura). No obstante, hasta ahora no ha suspendido ningún acuerdo comercial o de asociación.

"Es de lo más contundente de esta resolución: que, mientras persista la represión, se suspenda la aplicación del ADA con Nicaragua”, apunta Thelma Brenes, quien no ha dejado de abogar por los presos políticos de su país desde que en 2018 su padre fue encarcelado y sentenciado a 30 años de cárcel. Amnistiado en 2019, fue detenido arbitrariamente otra vez en agosto de 2025. "Exigimos respuestas, el régimen tiene que dar información de su estado de salud y asegurar que le llegan los medicamentos”, comenta Cavazzini.

El caso de Carlos Brenes había sido incluido en el informe (febrero, 2026) del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), también el del líder miskito Brooklyn Rivera, tanto por su detención arbitraria como por ser personas mayores especialmente vulnerables. Ya en ese momento los especialistas de la ONU llamaron la atención sobre la desaparición en prisión de Rivera, integrante de la Asamblea Nacional.

La confirmación de su muerte, el 30 de mayo de 2026, sumada a la negativa del gobierno a entregar sus restos mortales a sus familiares, así como a la desaparición de seis de éstos, ha atizado la condena internacional. A este respecto se pronunciaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que recuerdan a Nicaragua su obligación de llevar a cabo una investigación independiente, garantizar una autopsia transparente y devolver inmediatamente los restos mortales a su familia.

"El régimen de Ortega actúa en total impunidad desde hace más de ocho años", dice a DW Natalia Yaya, directora adjunta del equipo de las Américas de la FIDH. "Es fundamental que la presión de la UE se refuerce, utilizando todos los medios a su disposición para ello, exigiendo el cese de la represión y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los familiares y amigos de Brooklyn Rivera", añade.

En este contexto, el Parlamento Europeo respalda los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por parte del régimen, a través de la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional. También aboga por el apoyo de Europa a los actores democráticos, tanto en el país como en el exilio, y por asegurar que ningún fondo europeo o multilateral sea susceptible de apoyar al régimen. No obstante, la necesidad de apoyo y asilo que tienen los ciudadanos nicaragüenses en Europa, muchos de ellos apátridas de facto, no encontró eco en la mayoría parlamentaria.

"Nicaragua presenta una de las situaciones más graves de derechos humanos en la región: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, expulsiones, desnacionalizaciones, represión transnacional y más de cinco mil oenegés que perdieron arbitrariamente su personalidad jurídica", detalla Natalia Yaya. "Si hay una situación que amerita que la UE siente precedente es la de Nicaragua", subraya.

Finalmente, "la resolución es una validación a la lucha de las familias de los presos políticos que tenemos meses y años pidiendo su liberación”, afirma Thelma Brenes. Y concluye: "Es un recordatorio al régimen nicaragüense de que la comunidad internacional sigue vigilante. Es un paso más hacia la rendición de cuentas y un mensaje claro de que la impunidad no será eterna”.

(cp)