Un proyecto de ley que busca prohibir de manera expresa la mutilación genital femenina en Colombia atraviesa un momento decisivo en el Congreso. La iniciativa, conocida como “Niñas sin Ablación”, está a un debate de convertirse en ley, pero corre el riesgo de hundirse por falta de tiempo en la agenda legislativa, lo que obligaría a reiniciar todo el trámite en el próximo periodo constitucional.

Así lo advirtió Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de la Fundación PLAN, en una entrevista concedida a Semana, en la que alertó sobre las consecuencias que tendría para miles de niñas la posible caída de una norma que busca erradicar una práctica considerada una grave vulneración de los derechos humanos.

Según explicó Anzola, el proyecto de ley 440 ha sido ubicado de manera reiterada en los últimos lugares del orden del día de las plenarias del Senado, lo que ha impedido que sea discutido y votado. Aunque la iniciativa ya superó varios debates y solo necesita una última aprobación, la coyuntura política derivada de las elecciones presidenciales y la discusión de otros proyectos considerados prioritarios ha relegado su estudio.

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“La discusión ha quedado en los puestos doce o trece del orden del día y normalmente los congresistas no alcanzan a avanzar más allá de los primeros puntos”, señaló la directiva de la fundación en declaraciones recogidas por Semana.

La preocupación aumenta porque, de no ser aprobado antes de finalizar el actual periodo legislativo, el proyecto tendría que comenzar nuevamente todo su recorrido en el Congreso durante el próximo Gobierno.

Aunque muchas personas asocian la mutilación genital femenina con países de África o regiones lejanas, la realidad es que esta práctica continúa registrándose en Colombia.

De acuerdo con las cifras citadas por Anzola,entre enero de 2024 y marzo de 2026 se documentaron al menos 98 casos. Sin embargo, advirtió que el número real podría ser mucho mayor debido a la falta de mecanismos específicos de seguimiento por parte del Estado.

Según explicó, la mayoría de los casos conocidos son aquellos que llegan a centros médicos debido a complicaciones de salud derivadas del procedimiento. Esto significa que muchas situaciones podrían permanecer ocultas o no ser reportadas oficialmente.

“La mutilación genital femenina es una violación de los derechos de las niñas y de su integridad”, afirmó.

La Fundación PLAN insiste en que la ablación genital femenina no solo constituye una vulneración de derechos humanos, sino que también genera graves afectaciones para la salud física y mental de las víctimas.

Anzola explicó que tanto el derecho internacional como el marco jurídico colombiano reconocen esta práctica como una forma extrema de violencia sexual y de género.

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Las secuelas pueden acompañar a las niñas durante toda su vida y afectar múltiples aspectos de su bienestar. Entre los derechos comprometidos se encuentran la salud, la integridad física y psicológica, la seguridad personal, los derechos sexuales y reproductivos y la dignidad humana.

Además, la práctica puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante e incluso poner en riesgo la vida de las menores debido a las condiciones en las que suele realizarse.

“La agresión física y emocional que implica tiene consecuencias permanentes sobre la autonomía corporal y el bienestar integral de las niñas”, señaló la presidenta de la organización.

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Uno de los argumentos que suele aparecer en el debate es que la mutilación genital femenina corresponde a una práctica ancestral. No obstante, Anzola aseguró que distintas comunidades indígenas han cuestionado esa interpretación.

Según explicó a Semana, investigaciones desarrolladas con participación de comunidades indígenas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Salud han concluido que esta práctica está más relacionada con procesos históricos de desigualdad y con normas de género que han estigmatizado la sexualidad femenina.

Por ello, diversos sectores consideran que no debe entenderse como una tradición cultural que deba preservarse, sino como una problemática asociada a la discriminación y a las brechas en el acceso a derechos.

La directiva destacó que durante más de 15 años se han desarrollado procesos de reflexión y transformación al interior de comunidades indígenas para erradicar esta práctica.

Uno de los principales avances ocurrió en 2010,cuando las autoridades Emberá Chamí de Risaralda adoptaron voluntariamente la decisión de abandonar la mutilación genital femenina.

Para Anzola, este antecedente demuestra que los cambios culturales pueden lograrse mediante procesos educativos, diálogo comunitario y liderazgo de las propias mujeres, sin necesidad de recurrir exclusivamente a medidas punitivas.

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Mientras el proyecto espera su último debate en el Congreso, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez insisten en la urgencia de aprobar una legislación que permita avanzar en la erradicación definitiva de una práctica que, pese a los avances alcanzados, sigue afectando a niñas en distintas regiones del país.

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