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Un año después del operativo policial más letal de la historia de Brasil, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) lanza graves acusaciones contra las autoridades.
Según la organización, la mayoría de los 2.500 policías que participaron el 28 de octubre de 2025 en las favelas Complexo do Alemão y Complexo da Penha no llevaban cámaras corporales, en contra de lo establecido por la ley.
Durante la Operação Contenção (Operación Contención), los agentes debían ejecutar decenas de órdenes de arresto contra integrantes del cartel de drogas Comando Vermelho.
El resultado fue devastador: durante los enfrentamientos armados, que se prolongaron durante horas en las favelas, murieron 117 presuntos miembros de bandas criminales y cinco policías. En total, al menos 122 personas perdieron la vida durante las redadas.
Tras analizar más de 4.000 horas de material audiovisual, HRW concluye en su informe que apenas el 23 % de los agentes llevaba cámaras corporales y que, además, estas fueron manipuladas de tal manera que ninguna acción letal quedó registrada aquel día.
"Las cámaras fueron encendidas antes de la operación, lo que agotó las baterías; los lentes fueron cubiertos; las cámaras fueron colocadas en lugares desde los cuales no podían registrar las acciones de los policías o fueron dejadas dentro de los vehículos", señala el informe de HRW.
"Para nosotros está claro que se violó la decisión del Tribunal Supremo, según la cual la policía de Río debe portar cámaras corporales", sostiene César Muñoz, director de HRW Brasil.
En cambio, las grabaciones realizadas por vecinos el día de la operación muestran escenas brutales. Según HRW, los agentes apilaron cadáveres, algunos con los genitales expuestos, dentro de un vehículo blindado de la policía mientras hacían comentarios sádicos.
Tras analizar las autopsias, HRW concluye que muchos cadáveres presentan indicios de ejecuciones, es decir, de personas abatidas estando ya fuera de combate.
Según la organización, el 40 % de los fallecidos recibió disparos en la cabeza y el 75 % disparos por la espalda. A juicio de Muñoz, hay motivos para considerar que la operación fue "aparentemente diseñada para tener consecuencias letales".
El operativo policial, realizado bajo la dirección del gobierno del estado de Río de Janeiro, provocó conmoción en todo el país. Sin embargo, poco después también surgieron demandas para intensificar la lucha contra el crimen organizado.
Como respuesta, en marzo de 2026 entró en vigor la Lei Antifacção (Ley Antibandas). Su objetivo es combatir organizaciones criminales como el PCC, una banda narcotraficante originaria de São Paulo, o el Comando Vermelho (CV), que domina amplias zonas de Río de Janeiro.
Territorio del Comando Vermelho (CV): las favelas de Río son escenario recurrente de operativos policiales y militares. Con la Ley Antibandas, aprobada en marzo de 2026, se amplían las facultades de las fuerzas de seguridad en la lucha contra las bandas del narcotráfico.Silvia Izquierdo/AP Photo/picture alliance
La norma también busca desmantelar, tanto penal como económicamente, a las milicias integradas por policías y militares corruptos. "La ley responde a un problema real", explica a DW Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, del Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Para César Muñoz, de HRW Brasil, un punto clave es la cooperación más estrecha entre las fuerzas de seguridad del Estado. La Policía Federal, que depende del gobierno central, debería desempeñar un papel más importante en el combate contra las bandas criminales.
En Brasil, las policías militar y civil están subordinadas a los gobiernos estatales. Durante el operativo letal realizado hace un año en las favelas de Río de Janeiro, el mando estaba bajo control del gobierno estatal de Río y, por tanto, sujeto a la influencia de la política local.
Por otro lado, Azevedo cree que la ley podría chocar con la Constitución en algunos puntos. Entre otras medidas, prevé la imposición automática de prisión preventiva a personas sospechosas.
También contempla la ampliación de las causas de encarcelamiento, restricciones a beneficios penitenciarios como los permisos temporales de salida y la libertad condicional, así como una prolongación de la permanencia en prisión.
La sobrepoblación de las cárceles brasileñas también tiene retorcidas consecuencias: organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho reclutan allí nuevos integrantes.
"Las prisiones superpobladas y sin un control estatal adecuado favorecen precisamente el reclutamiento y fortalecimiento de las mismas facciones criminales que la legislación pretende combatir", concluye Azevedo.
"Sería importante impedir el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas y ofrecer nuevas perspectivas de vida a quienes ya han cometido delitos", plantea, por su parte, César Muñoz a DW.
Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo también observa un problema constitucional en la eliminación de la llamada ayuda penitenciaria, una prestación que el Estado pagaba a los familiares dependientes de una persona encarcelada.
"Su eliminación implica castigar económicamente a familiares que no han cometido ningún delito, incluidos los niños. Esto contradice el principio constitucional según el cual ninguna pena puede extenderse más allá de la persona condenada", argumenta Azevedo.
(cm/ms)
