La muerte del defensor miskitu Brooklyn Rivera, quien permaneció durante tres años detenido extraoficialmente por autoridades en Nicaragua, no solo ha generado un duelo entre las comunidades indígenas de la Costa Caribe. También las ha puesto en alerta y ha expandido la incertidumbre por la desaparición (y posible detención) de siete personas cercanas al dirigente.
Familiares y excompañeros que integraban la red de apoyo al defensor y que se trasladaron a Managua el mismo día de su fallecimiento exigieron la entrega de su cuerpo para ser enterrado y despedido conforme a sus tradiciones. Hasta el cierre de esta nota se desconoce su localización.
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Desde la distancia y el exilio, la hija de Rivera y uno de sus excompañeros en la organización política Yatama cuentan a Mongabay Latam los constantes impedimentos para obtener información sobre el defensor y su estado de salud, así como las implicaciones que tiene la muerte del líder miskito para las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
Brooklyn Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 por agentes de la Policía Nacional, quienes sin orden de allanamiento o detención, irrumpieron en su casa, lo golpearon y esposaron, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Autoridades de Nicaragua no reconocieron públicamente su detención desde entonces, hasta el deterioro de su salud. De acuerdo con información oficial, Rivera enfermó de Covid-19, lo que supuestamente provocó un “deterioro físico y neurológico” y el desarrollo de una bacteria que terminó provocando su muerte, según el Ministerio de Salud de Nicaragua.
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Tininiska Rivera, hija de Rivera y quien vive exiliada, cuenta que se enteró de la muerte de su padre mediante una red de familiares que residen en el país y quienes constantemente lo buscaron en hospitales y centros de detención tras su desaparición.
“Hasta el mes de marzo sabíamos que lo tenían en un hospital. La única respuesta que nos daban era que el caso de mi padre estaba en manos de la Presidencia de Rosario Murillo y de Daniel Ortega”, cuenta Rivera sobre la dificultad para obtener información de su padre durante casi tres años de cautiverio.
Luego de que sus familiares acudieron a reconocer el cuerpo, hubo una confrontación por la entrega de sus restos y la intención por despedirlo en su natal Lidaukra, la comunidad miskitu donde Rivera creció y pidió ser enterrado, cuenta su hija. Al final, cuenta, solo se realizó un ritual funerario autorizado por las autoridades.
“El Gobierno dice que no va a entregar el cuerpo. Que se va a hacer una misa en Managua, en una iglesia morava y después un entierro en una funeraria. Ellos se niegan rotundamente y no sé qué discusiones hubo, pero al final el Gobierno decidió mandar a la policía que detuvo a mis familiares”, relata Rivera a Mongabay Latam.
“A mis 15 años mi padre pidió sobre la tumba de mi abuela: ‘Cuando yo fallezca quiero descansar al lado de mi madre’. Ese era su deseo, morir en la comunidad donde él nació y donde se crió”, sostiene Tininiska.
Rivera explica que de las personas desaparecidas hay cinco familiares, un excompañero de Yatama y la cuidadora de su padre. Se trata de Alda López Bryan, Jordys Escobar Bryan, Eritza Coleman, Korny Valle Bushey, Jorge Webster y Florencia Sarmiento, así como Juan Modesto, quien fue detenido días después de la muerte del defensor, de acuerdo con la familia.
Si bien en un inicio se manejó la posible detención de Wailan Rivera, hijo del defensor y quien logró visitarlo el día de su muerte, Tininiska cuenta que su hermano logró evitar ser detenido.
“Están detenidos y están desaparecidos. Familiares han ido a preguntar por ellos, pero el Gobierno no ha dado respuesta de dónde los tienen, de qué se les acusa. No han tenido visitas. Los tienen desaparecidos”, denuncia Rivera.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) sostuvo que las circunstancias de la muerte de Rivera no se han esclarecido debido a la ausencia de información independiente, verificable y confiable.
“La muerte de Brooklyn Rivera es el resultado de su desaparición forzada y la retención arbitraria de la que fue víctima por parte del régimen de Ortega y Murillo. Su fallecimiento no solo no puede quedar impune, sino que debe ser investigado y sancionado”, sostuvo José Aylwin, vicepresidente de la FIDH y miembro del Observatorio Ciudadano de Chile sobre el caso.
La organización sostiene que se trata del séptimo caso de un preso político fallecido bajo custodia del Estado de Nicaragua por lo que existen “patrones de crímenes de lesa humanidad” por parte del régimen autoritario y que incluyen detenciones arbitrarias, desaparición forzada y actos de tortura.
Mongabay Latam intentó contactar a fuentes del Gobierno de Nicaragua para tener su versión de los hechos, sin que hasta la publicación de esta nota haya una respuesta.
La vida de Brooklyn Rivera, incluso su detención y la de sus familiares, no se entiende sin el papel político que tuvo desde Yatama, la organización política indígena (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, «Hijos de la madre tierra unidos»), que obtuvo durante varios años su registro como partido político, hasta 2023, cuando fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
Un exdirigente de la organización, hoy exiliado, expone que la mayoría de la población miskitu, incluso los familiares desaparecidos, son integrantes de Yatama con una perspectiva de defensa de derechos humanos y de los pueblos indígenas. El exdirigente pidió anonimato por razones de seguridad.
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“No puedo decir que están presos por causas de crímenes comunes. Tiene que ver con Yatama. Yo estoy en el exilio desde hace dos años. Si yo me hubiera quedado ahí, hoy estaría preso”, sostiene el exdirigente.
El integrante de Yatama sostiene que Rivera ha sido para los pueblos miskitos un líder en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por su autonomía y la protección de los recursos naturales.
Esta defensa, subraya, la ejerció desde su papel como legislador en 2007 y más adelante en 2015 cuando la Asamblea Nacional lo desaforó por supuestos casos de ventas ilegales de tierras comunales, que, de acuerdo con sus personas cercanas, nunca se demostraron.
La tensión más reciente con el régimen, recuerda su hija, se vivió en 2023 cuando el defensor intervino en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas en Nueva York y denunció las violaciones a los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
“Al tratar de regresar a Nicaragua la misma aerolínea con la que él había comprado su boleto le llamó tres días antes a decirle: ‘No te puedes subir al avión porque tenés retención migratoria, no puedes entrar al país’”, relata Tininiska.
Sin embargo, Rivera logró regresar a su hogar mediante la región de la Mosquitia, en la frontera con Honduras. Meses después lo detuvieron.
“Lo que más nos duele es la forma en que el régimen sandinista trató a una persona de tercera edad, sin tener visitas de sus familiares desde el 29 de septiembre [de 2023] hasta el 27 de mayo de este año, con tanta insistencia que nosotros exigimos la prueba de vida y cuando se presentó prácticamente el hombre estaba muriendo”, lamenta su excompañero, quien trabajó con él en Yatama desde hace 35 años.
La pérdida de Rivera va más allá de lo familiar, considera su hija Tininiska, pues las comunidades miskitas enfrentan una mayor vulnerabilidad al despojo de territorios con el avance de la minería de oro y la expansión de la ganadería y la frontera agrícola.
“Ahora estamos viviendo el tema de las empresas chinas que están metiéndose cada vez más en territorios ya titulados y demarcados. Esa es la preocupación más grande de las poblaciones indígenas porque son títulos que el mismo Gobierno ha dado, son territorios que ya están demarcados”, expresa Rivera desde el exilio.
Actualmente el gobierno encabezado por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana ha facilitado la expansión de empresas mineras chinas, que han obtenido concesiones de explotación en un millón de hectáreas — 8.5 % del territorio nicaragüense—, de acuerdo con un informe de la organización Fundación del Río.
“Tenemos el problema de la palma africana, la frontera agrícola. El territorio no es para ganadería. Muchos funcionarios son terratenientes en nuestros territorios, esto ha sido un problema muy complicado en estos últimos años”, sostiene.
Para el dirigente miskito, las comunidades deberán resistir a estas dinámicas para sobrevivir y no ser desplazadas, aunque sostiene que sin Rivera, el panorama será más desafiante. “Con la invasión de colonos, los saqueos de los recursos naturales, no va a ser igual, pero vamos a tener que tomar la batuta y seguir en esta lucha. No podemos olvidar lo que Brooklyn ha hecho”, comenta.
Por ahora, precisa Tininiska, seguirán exigiendo la localización de sus familiares y la forma de recuperar el cuerpo de Rivera para llevarlo a la Costa Caribe Norte de Nicaragua. “Yo tengo una promesa con mi padre y el dolor más grande para mí es que no se pudo cumplir su deseo”, agrega.
